La polémica surgida esta semana por la presencia de agentes de los Mossos d’Esquadra en asambleas de docentes en Barcelona ha provocado una reacción previsible de los sectores políticos y sindicales más radicalizados. ERC, CUP y los Comuns han denunciado “espionaje policial” y “represión sindical”, mientras algunos colectivos educativos hablan ya de “criminalización” del profesorado. Sin embargo, conviene apartar el ruido ideológico y analizar la cuestión desde una perspectiva mucho más elemental: la obligación del Estado y de la policía de garantizar la seguridad, el orden público y los derechos del conjunto de los ciudadanos.
Según las informaciones publicadas esta semana, los Mossos justifican la actuación como una tarea de evaluación preventiva de riesgos en el marco de un conflicto laboral creciente. El Govern de Salvador Illa ha respaldado públicamente al cuerpo y ha insistido en su confianza en la profesionalidad de los Mossos. Y hacen bien, y aplaudimos esta acción de la policía catalana.
Porque la cuestión de fondo no es si un grupo de docentes puede reunirse o protestar —derecho plenamente legítimo en democracia—, sino si las autoridades deben permanecer pasivas cuando determinadas plataformas utilizan la educación como instrumento de presión política e ideológica. En Cataluña, desde hace años, existe una deriva preocupante en ciertos sectores del activismo educativo, donde las reivindicaciones laborales se mezclan con planteamientos abiertamente identitarios y maximalistas.
La escuela pública catalana no puede convertirse en un espacio de militancia política permanente ni en una herramienta de exclusión lingüística. Sin embargo, parte de los movimientos que lideran estas protestas mantienen discursos que buscan blindar un modelo educativo donde el castellano continúa marginado pese a las resoluciones judiciales que exigen garantizar su presencia. A ello se suma una concepción de la educación profundamente ideologizada, donde la neutralidad institucional queda frecuentemente subordinada al activismo político. Ahí están las banderas de Palestina en multitud de colegios. O las esteladas. O las pancartas de «por un país de todos, la escuela en catalán».
Negar que dentro de algunas movilizaciones existen sectores de extrema izquierda organizados sería sencillamente ingenuo. Basta observar el apoyo explícito de organizaciones vinculadas al independentismo radical y a movimientos antisistema a muchas de estas protestas. Cuando un conflicto educativo deja de centrarse exclusivamente en mejoras profesionales y pasa a plantear pulsos políticos al Govern, campañas de presión institucional o dinámicas de confrontación social, es lógico que las fuerzas de seguridad evalúen posibles riesgos.
Eso no convierte a los profesores en sospechosos ni criminaliza la protesta. Significa, simplemente, que los Mossos hacen el trabajo que la sociedad les exige: anticiparse a escenarios conflictivos y proteger la convivencia. La policía no está únicamente para actuar cuando el problema ya ha estallado; también tiene la responsabilidad de prevenir tensiones que puedan afectar a servicios esenciales y a la estabilidad social.
La educación merece serenidad, pluralismo y responsabilidad. Los alumnos no pueden convertirse en rehenes de agendas ideológicas ni de conflictos políticos permanentes. Y los Mossos, mientras actúen dentro de la legalidad y bajo control judicial y administrativo, no hacen otra cosa que cumplir con su obligación: velar por la seguridad y los derechos de todos los catalanes, no solo de quienes más gritan en la calle.
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