“Queremos evitar que se repitan casos como el del payés de Ventalló, multado por anunciar su fruta junto a la carretera que lleva a su finca y comercializar fruta apta para el consumo, pero con alguna imperfección estética o de calibre”. De ese modo ha resumido el diputado del Partido Popular (PP) de Cataluña, Jaume Veray, la propuesta de resolución que han registrado los populares para pedir mayor flexibilización normativa y contrarrestar la creciente dificultad que atraviesa la agricultura catalana.
“Queremos que se permita a los agricultores locales hacer lo que sí se les permite en otros países del entorno como Francia, Holanda o Suiza, que sí permiten comercializar la fruta de segunda categoría y anunciar sus explotaciones locales a pie de carretera”, ha añadido.
Tanto Veray como la diputada Montserrat Berenguer, representantes del PP en la Comisión de Agricultura, consideran imprescindible revisar el marco normativo actual y adaptarlo a la realidad y necesidades de las pequeñas y medianas explotaciones. Precisamente, es en esa dirección que se orienta la propuesta de los populares, defendiendo que la denominada “fruta imperfecta” o de segunda categoría, siempre que sea apta para el consumo humano, pueda comercializarse directamente al consumidor, como ocurre en otros países del entorno, y evitar que sea condenada de forma sistemática a su transformación industrial para zumos o directamente desechada como desperdicio.
Los diputados autonómicos advierten que en la actualidad hay un marco bastante restrictivo en materia de publicidad visible desde carreteras y señalización de actividades económicas en entornos rurales, que limita la actividad comercial de los pequeños productores, y por eso defienden avanzar hacia modelos más flexibles y proporcionados, que sean compatibles con la seguridad vial y la protección del paisaje al tiempo que fomenten la actividad económica y el tejido rural.
La propuesta
Veray y Berenguer piden una revisión inmediata de la normativa catalana sobre venta directa de fruta, hortalizas y otros productos del campo, para simplificar la regulación y facilitar la venta directa de los productos, “a efectos de garantizar y facilitar el modo de vida rural vinculado al territorio”; permitir la señalización de los puntos de venta directa de productos de payés en carreteras y caminos rurales, especialmente cuando se trate de explotaciones, masías, cooperativas y establecimientos de proximidad; modificar los criterios para que los productores puedan comercializar directamente fruta y verdura con imperfecciones estéticas o de calibre, siempre que se informe correctamente de su situación y posible uso, valorizando de ese modo toda la producción agraria y evitando desperdicio alimentario; y poner en marcha un servicio de asesoría para payeses y pequeñas explotaciones agrarias que informen sobre toda la normativa “y actúe de alidada y no de obstáculo”.
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