La portavoz del Partido Popular de Catalunya (PPC) en el Parlament, Lorena Roldán, ha celebrado esta mañana el dictamen emitido por el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que ha dado la razón al PPC en todas las alegaciones presentadas contra la ley contra la compra especulativa de vivienda promovida por los Comuns y adoptada por el PSC.
El dictamen del CGE, adoptado por unanimidad, no da margen a interpretación y confirma que la medida vulnera el Estatut y la Constitución. “El CGE ha desmontado de arriba abajo esta ley comunista, y el PSC haría bien en no desoír el dictamen de este órgano consultivo si realmente apuesta por la normalidad institucional que dice defender”, ha manifestado la portavoz.
“El CGE ha confirmado uno por uno todos los argumentos jurídicos que planteamos y acredita que esta ley es una chapuza que nació vulnerando derechos fundamentales, invadiendo competencias y atacando principios básicos de nuestro Estado de Derecho”, ha subrayado Roldán. De hecho, la parlamentaria autonómica ha sido muy crítica con la actitud del PSC y sus socios por “haber pretendido disfrazar de urbanismo lo que en realidad era comunismo puro y duro al regular excesivamente el derecho civil y la propiedad privada”, además de arrogarse competencias que no le corresponden a la Generalitat.
El dictamen del CGE señala específicamente que la ley vulnera el artículo 129 del Estatut, relativo a la competencia en materia de derecho civil, y que la competencia urbanística del artículo 149 del Estatut no puede usarse como título habilitante para limitar la adquisición de viviendas. La resolución también señala que la iniciativa de esta ley invadía la competencia exclusiva del Estado sobre las bases de las obligaciones contractuales que recoge el artículo 149.1.8 de la Constitución, vulneraba el derecho a la propiedad privada recogido en el artículo 33 de la Constitución, lesionaba la libertad de empresa (art. 38) y quebrantaba el principio de seguridad jurídica (art.9.3).
«Desde el primer día venimos denunciado que esta ley no sostiene jurídicamente, se mire por dónde se mire, y que atacaba frontalmente derechos constitucionales, por eso celebramos que el Consell haya dicho exactamente esto y confirme todos nuestros planteamientos», ha destacado Roldán. Por otro lado, la portavoz de los populares también ha criticado la intención del Govern de hurtar a la oposición el debate parlamentario al intentar tramitar “esta norma intervencionista e insostenible” por el procedimiento de lectura única, a pesar de que ello vulnere el derecho de los diputados y el mismo Reglamento del Parlament.
“Es una norma que ni en la forma ni el fondo resisten el mínimo análisis jurídico, y así lo vinimos advirtiendo desde el principio, porque era una ley confiscatoria, que generaba inseguridad y asusta a la inversión”, ha insistido Roldán, que también ha criticado duramente la actitud del Govern “porque, si algo demuestra el CGE, es que el Govern antepone el sectarismo ideológico a la seguridad jurídica, cuando lo que debería estar haciendo es impulsar políticas que aumenten la oferta de vivienda y no propuestas que asustan al mercado y lo ponen todo más difícil para los jóvenes”.
“No era una ley contra la especulación, era una ley contra la propiedad privada, la libertad económica y la seguridad jurídica, y desde el PP no vamos a renunciar jamás a esos principios para permitir que el Govern legisle al margen del Estatut y la Constitución, y si el PSC no hace suyo el dictamen y sigue adelante, puede estar seguro de que lo llevaremos al Tribunal Constitucional”, ha sentenciado.
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