A principios del verano, el Parlament de Cataluña aprobó por unanimidad la Ley 8/2026, de 2 de julio, para la erradicación del amianto, un texto normativo de alcance autonómico que entra en vigor tras un prolongado proceso de tramitación originado en el Plan Nacional para la Erradicación del Amianto 2023-2032.
Impulsada con el apoyo de colectivos de afectados y organizaciones vecinales, la ley fija por primera vez un marco jurídico vinculante para censar, gestionar y eliminar de forma progresiva todo el asbesto existente en la comunidad.
Con la aplicación de esta norma, Cataluña se adelanta a las exigencias comunitarias imponiendo un calendario estricto: todos los edificios e instalaciones de titularidad pública deben estar libres de amianto para 2028, mientras que en 2032 finaliza el plazo para la retirada en inmuebles privados, naves industriales y comunidades de propietarios.
¿Qué cambia respecto a la normativa vigente?
La retirada de materiales con amianto en España se rige por el Real Decreto 396/2006 y la Ley 7/2022 de residuos, los cuales establecen la obligatoriedad de retirada de este material cuando llega al final de su «vida útil» (estimada entre 30 y 35 años) o presenta un deterioro evidente.
La nueva legislación catalana trae un cambio de paradigma al introducir cambios profundos:
- Obligatoriedad por calendario y no por estado: La retirada deja de ser un acto reactivo o supeditado a obras de reforma para convertirse en un deber legal condicionado por fechas límite.
- Acreditación en el mercado inmobiliario: Se contempla la implantación del Certificado de presencia o ausencia de amianto, un documento preceptivo para compraventas y alquileres de inmuebles previos a 2002.
- Censo Unificado: Creación del Censo Catalán de Materiales que Contienen Amianto (MCA), que integra los mapas de riesgo municipales para fiscalizar el cumplimiento de los plazos.
- Régimen de infracciones: Se estipulan sanciones específicas por incumplimiento de plazos de retirada o manipulaciones no autorizadas, acordes a la Ley de Salud Pública y de Residuos.
Impacto operativo en las empresas de desamiantado
Las novedades legislativas transforman de forma directa la actividad de los operadores del sector. Dado que la norma reafirma la prohibición de que particulares o empresas de construcción convencionales manipulen materiales con amianto, la demanda de intervenciones recae en empresas especializadas.
A nivel operativo, las empresas de desamiantado se enfrentan a un marco de exigencia técnica reforzado:
- Inscripción obligatoria en el RERA: Toda actuación debe ser ejecutada por entidades registradas en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto.
- Planes de Trabajo: Aprobación previa por parte de la Autoridad Laboral del Plan de Trabajo (ya sea con carácter único o genérico), detallando las medidas de contención.
- Protocolos de seguridad física: Exigencia de equipos de protección individual (EPI) con filtración P3, unidades de descontaminación de tres cámaras y delimitación de zonas de trabajo con mediciones ambientales continuas de fibras en el aire.
- Trazabilidad del residuo: Tramitación de la documentación de residuos de la Agència de Residus de Catalunya (ARC), garantizando el empaquetado hermético, el etiquetado de peligro y el traslado a vertederos autorizados de clase II o III.
El origen del problema
Aunque la prohibición de comercializar y utilizar amianto se hizo efectiva en España en el año 2002, se calcula que en el territorio catalán aún persisten cerca de 4 millones de toneladas de fibrocemento instaladas entre 1960 y 1990.
El amianto (o uralita) es un mineral de estructura fibrosa que fue ampliamente empleado por sus propiedades ignífugas, aislantes y su bajo coste en cubiertas, bajantes, depósitos y conductos.
El riesgo sanitario radica en que la degradación del material —acelerada al superar su vida útil— o su manipulación inadecuada libera fibras microscópicas al aire. Al ser inhaladas, estas partículas se alojan en los pulmones y pueden desencadenar afecciones graves como asbestosis, cáncer de pulmón o mesotelioma, enfermedades con un largo periodo de latencia.
Exigencia legal y seguridad laboral: el ejemplo de Barcelona
La aplicación práctica de la Ley 8/2026 encuentra uno de sus escenarios más complejos en los entornos urbanos de alta densidad. La arquitectura de la capital catalana, caracterizada por edificios plurifamiliares construidos a mediados del siglo XX en barrios como el Eixample, Sant Martí o Sants-Montjuïc, concentra miles de metros cuadrados de cubiertas de fibrocemento y bajantes comunitarias que han sobrepasado su vida útil.
En la ciudad de Barcelona, la proximidad entre inmuebles y la presencia de transeúntes hacen que cualquier maniobra de retirada exija medidas de contención extremas para evitar la dispersión de fibras.
Por ello, la intervención de firmas homologadas como Lomills en la retirada de amianto en Barcelona no solo resulta imprescindible para cumplir con la nueva obligación legal antes de los horizontes señalados por el Parlament, sino también para salvaguardar la salud pública, gestionar las licencias de ocupación de la vía pública y garantizar que los residuos se eliminen conforme a la normativa vigente.
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