L’intervencionisme de l’esquerra torna a xocar amb la llei. El Consell de Garanties desmunta una norma que ataca la propietat privada, la llibertat d’empresa i el dret a l’herència. La solució és construir més, eliminar traves, impostos 0 a l’habitatge habitual dels espanyols i… https://t.co/OJKDshT5TH
— Joan Garriga (@JGarrigaDomenec) August 4, 2026
La política de vivienda del Ejecutivo catalán ha vuelto a chocar de frente contra el marco legal. El Consell de Garanties Estatutàries ha emitido un dictamen demoledor sobre la proposición de ley contra la compra especulativa de inmuebles. Una iniciativa impulsada por Comuns y asumida sin reparos por el Govern del PSC que, a juicio de los juristas, dista mucho de respetar las reglas del juego democrático.
El varapalo del órgano consultivo resulta rotundo y unánime. Todos sus miembros coinciden en que el texto atenta de forma directa contra derechos fundamentales amparados por la Constitución y el propio Estatut. La propiedad privada, el derecho a la herencia y la libertad de empresa quedan gravemente comprometidos por el afán regulador de la izquierda. Joan Garriga, portavoz de VOX en el Parlament, asegura que «el intervencionismo de la izquierda vuelve a chocar con la ley» y propone «construir más, eliminar trabas, impuestos cero a la vivienda habitual de los españoles y vivienda social con prioridad nacional».
La prisa del PSC y sus socios por colgarse medallas ideológicas les ha llevado a utilizar el procedimiento de lectura única. Un trámite exprés reservado para iniciativas sencillas que, en este caso, se ha usado de forma indebida para hurtar el debate. El Consell advierte de que este atajo vulnera el Reglamento de la Cámara y priva a la ciudadanía de una representación política en condiciones de igualdad.
En el plano estrictamente jurídico, el texto incurre en un evidente exceso competencial. Pretende modificar las bases del derecho de contratos, una facultad que pertenece en exclusiva al Estado. Con ello, se dinamitan principios tan esenciales para el tráfico económico como la autonomía de la voluntad y la libertad de pacto entre particulares.
El dictamen no ahorra adjetivos al calificar el impacto de la norma sobre el patrimonio de los ciudadanos. La ley traslada sobre las familias y los pequeños ahorradores una carga individual del todo desproporcionada. La libertad de empresa es otra de las grandes damnificadas por esta cruzada estatista. Impone un sacrificio absoluto a las personas físicas que operan en el sector inmobiliario y genera una injerencia desmedida en la actividad de las empresas. Una barrera infranqueable que estrangula aún más la oferta y el desarrollo económico.
A todo ello se suma un defecto imperdonable en cualquier norma con vocación de permanencia: la falta de certeza. El texto adolece de un nivel de imprevisibilidad que resulta incompatible con la seguridad jurídica consagrada en la Constitución. Generar reglas difusas en el mercado inmobiliario solo contribuye a multiplicar la desconfianza.
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