La labor abnegada e insustituible de la Guardia Civil en Cataluña vuelve a chocar contra la complacencia política del Gobierno central. Mientras las unidades del Instituto Armado demuestran a diario su profesionalidad en áreas clave como la protección ambiental y las operaciones subacuáticas, el Ministerio del Interior permite un desmantelamiento progresivo de sus plantillas. Esta inacción responde a las exigencias de un separatismo que jamás ha ocultado su rechazo hacia las instituciones del Estado.
Los datos sobre el rendimiento y la utilidad de estas unidades especializadas son incontestables. Sin embargo, la realidad operativa en Cataluña del Seprona, la unidad de la Guardia Civil dedicada a la vigilancia del medio natural, refleja un abandono preocupante: con 48 plazas vacantes frente a solo 45 agentes en activo, la mitad de las plazas del cuerpo quedan sin cubrir. Esta merma condiciona la protección del entorno natural catalán, una labor que requiere una presencia constante y rigurosa en el territorio.
La situación del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) en la Costa Brava evidencia de manera drástica esta política de mínimos. Tras la reestructuración impulsada por el Ejecutivo, la presencia de buzos en enclaves tan frecuentados como L’Estartit ha quedado eliminada, dejando únicamente nueve efectivos en Barcelona para cubrir más de 580 kilómetros de litoral. Esta falta de recursos perjudica a los municipios de la zona y a los miles de bañistas que dependen de su servicio de vigilancia, tal y cómo denuncia el diputado en el Congreso del Partido Popular, Agustín Parra – también es portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat -.
Este parlamentario argumenta que este abandono institucional es una muestra evidente de la falta de sentido de Estado del actual Ejecutivo. «No hay ningún interés. Es la degradación y la falta de sentido de Estado y del vaciamiento de las instituciones del Estado que venimos denunciando desde Cataluña», subraya el parlamentario popular para señalar la pasividad del Ministerio del Interior ante la falta de cobertura de vacantes.
Frente a la inacción oficial, el Partido Popular ha registrado una proposición no de ley parlamentaria que busca devolver a estas unidades sus capacidades operativas. La iniciativa reclama un plan integral de seguridad ambiental financiado adecuadamente, además de inversiones en tecnología de última generación para luchar contra incendios, vertidos y delitos contra la fauna. La propuesta busca asegurar que la investigación ambiental no quede supeditada a vaivenes ideológicos.
El origen de esta sangría de efectivos trasciende la mera gestión logística de la Administración general. La desprotección deliberada responde a las cesiones continuadas ante un nacionalismo que exige la salida de la Guardia Civil como peaje político. Las fuerzas de seguridad estatales representan la garantía del cumplimiento de la ley y la cohesión territorial, valores que incomodan profundamente a los socios de investidura de la Moncloa.
Parra califica esta estrategia de repliegue como una factura directa contra el Instituto Armado por su papel en la defensa de la legalidad constitucional. «La Guardia Civil no es un cuerpo deseado ni querido ni respetado por el Gobierno de la Generalitat, ni el anterior ni este parece que va a seguir los mismos pasos», advierte el diputado popular sobre la coincidencia de intereses entre los independentistas y el Ejecutivo central.
Los incidentes del ámbito rural y forestal demuestran con frecuencia que la capacidad técnica del Seprona resulta difícilmente reemplazable por los mandos autonómicos. Durante episodios críticos como los brotes de peste porcina en la sierra de Collserola, las autoridades locales tuvieron que recurrir a la solvencia técnica de la Benemérita. Su intervención fue decisiva para contener el problema cuando otros estamentos no lograban controlar la situación, tal y cómo relata Agustín Parra.
De forma idéntica, la pericia investigadora de los agentes del Seprona ha resuelto casos judiciales de máxima gravedad en comarcas como el Penedès. El hallazgo de evidencias en zonas agrícolas ha permitido esclarecer homicidios antiguos que otros cuerpos policiales habían archivado previamente como simples sucesos ganaderos, tal y cómo destaca Parra. La versatilidad operacional de la Guardia Civil aporta un valor añadido imprescindible para los municipios catalanes.
La defensa del medio ambiente, la vigilancia de las costas y el mantenimiento de la ley en Cataluña exigen la restitución inmediata de los catálogos de puestos de trabajo. Prescindir de la experiencia del Seprona y del GEAS solo sirve para complacer al separatismo y debilitar las prestaciones públicas que reciben los ciudadanos. Parra defiende que garantizar la permanencia de la Guardia Civil en la región es una cuestión de estricta seguridad, legalidad e interés general.
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