El separatismo catalán ha articulado su discurso sobre la exclusión de quienes no comparten su proyecto. Para su visión excluyente, los catalanes constitucionalistas son tratados como piezas ajenas a su propia tierra. Romper esa hegemonía ideológica exige señalar la manipulación histórica con la que el secesionismo pretende patrimonializar Cataluña.
En ese escenario, la intervención del Rey Felipe VI en octubre de 2017 supuso un punto de inflexión decisivo. Aquel mensaje rotundo recordó a millones de ciudadanos que la ley y la Nación no los dejaban desamparados. Ese respaldo institucional devolvió la voz a una mayoría social que decidió salir a la calle en Barcelona de forma masiva, democrática y pacífica.
Sin embargo, el separatismo ha encontrado en Moncloa su mejor aliado para mantener la hegemonía. El Partido Socialista ha asumido las tesis de las fuerzas independentistas con tal de garantizar la gobernabilidad. Esta estrategia, apoyada por la amalgama de formaciones de Sumar, consagra el privilegio e invalida el esfuerzo del constitucionalismo en Cataluña.
El camino para revertir esta situación exige mantener la unidad y resistir ante la cesión permanente. No se trata solo de medir escaños en el Parlament, sino de consolidar un suelo firme frente a la impunidad. Cada paso de la alternativa constitucionalista fortalece la convivencia e impide que el secesionismo monopolice las instituciones. Cataluña necesita dejar de ser el gran problema de la política española. La reconstrucción de la neutralidad institucional empieza por restar capacidad de chantaje a quienes utilizan la autonomía para quebrantar la igualdad entre españoles.
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