Artículo vigésimo: de secesión y derecho internacional (I)

Sabida es, y alguna vez lo he recordado en esta columna, la recurrente alusión al derecho internacional que hace el secesionismo catalán buscando justificarse desesperadamente (ya se ve que no buscando explicarse, pues nunca se acompaña la alusión con referencias a documentos concretos).

No creo necesario demostrar ni el poco eco conseguido ni la nula razón que les asiste pero, como veo que siguen “erre que erre” en el mismo plan y como una vez dije que desarrollaría más el tema del derecho de autodeterminación, voy a intentarlo hoy.

Ya perdonará el paciente lector, pero puesto que no soy jurisconsulto ni -mucho menos aún- jurista, sólo puedo tratar de hacerlo desde el sentido común (por otra parte, dada la dificultad para resumir, lo haré con este artículo y con el siguiente).

De entrada, algo habrá cuando a día de hoy todavía ningún líder de ningún Estado se ha posicionado a su favor y sí en contra (desde Estados Unidos y los principales países europeos, por ejemplo), como han hecho también y en reiteradas ocasiones los de la Unión Europea, incluida la Comisión de Venecia del Consejo de Europa que –teóricamente- había de ser la más cercana a sus tesis según nos querían convencer… “La madre de los tontos siempre está preñada”, dice un proverbio precisamente veneciano que aquí me resulta proverbial (perdóneme usted la tontería…).

Si uno consulta la legislación ya ve que no deja lugar a duda alguna: la secesión unilateral de una parte del territorio de un Estado no es aceptada ni por el derecho particular de ese Estado (por ninguna Constitución o ley similar en el mundo), ni por el derecho internacional.

La aprobación de nuestra Constitución, además, contemplaba –aunque no obligaba a él- el establecimiento de Comunidades Autónomas y la transferencia a ellas de amplias competencias –aunque no todas pues algunas se consideran exclusivas del Estado-; el resultado es que España es ahora uno de los países más descentralizados del mundo (desde luego: el que más en Europa).

Por supuesto, entre las competencias a transferir a las CCAA no está la capacidad de separarse del resto. (NB: de casi 200 países que hay en el mundo, las dos únicas excepciones son las Constituciones de Etiopía y de la Federación de San Cristóbal y Nieves, ¡nunca es nada al 100%!).

Si vamos al derecho internacional, vemos que la Carta de las Naciones Unidas contempla como un valor fundamental la integridad territorial de los estados miembros, al igual que la resolución pacífica de conflictos en sus relaciones con los demás.

Cuando se refiere al derecho de autodeterminación de los pueblos, pensado para la finalización de los imperios coloniales que aún quedaban al término de la Segunda Guerra Mundial, ya se especifica que sólo es de aplicación en los tres casos concretos siguientes: las colonias, los territorios ocupados militarmente por una potencia extranjera, y los lugares donde se produce genocidio o violación masiva y flagrante de derechos humanos.

Es más: también se especifica, claramente y justo a continuación, que no es de aplicación para la secesión de partes de los Estados (se me antoja que esto es de pura lógica, pues los estados miembros firmantes no serían tan tontos como para “pegarse un tiro en el pie”, y así de diáfano lo dejaron…).

Me da a mí que ninguno de los tres casos concretos es aplicable, por más que hayamos oído decir a los independentistas (¡dicen tantas cosas por minuto!…) que Cataluña es una colonia de España; que los pocos y casi invisibles militares que hay en ella o van por allí, o la sobrevuelan o atracan en uno de sus puertos, son fuerzas de ocupación; o que el Estado viola derechos fundamentales de los catalanes.

Si me perdona usted una tontería más, y créame que siento disponer de tantos ejemplos, le diré que el borrador de la “constitución de la república catalana” no contempla el derecho de autodeterminación dentro de sus fronteras; ¿ve usted qué fácil es combatir el secesionismo desde el sentido común, sin necesidad de entrar en política?. ¡Ah!, pero a ellos les da igual… donde esté un buen sentimiento, que se quite todo lo demás.

Si ha de preservarse pues la legalidad, no cabe apelar a ningún derecho y no queda más camino que la aceptación de las Cortes (donde está representado el pueblo español que es el verdadero soberano, en esta materia y en todas las demás) y la reforma de la Constitución en los términos que ella misma prevé (en este caso, 2/3 de cada cámara, disolución, nuevos 2/3 de cada cámara y referéndum a escala nacional, por esquematizarle a usted el proceso si no lo recuerda ahora mismo), y sólo si prosperase este “veritable procés” (proceso verdadero)…, entonces sí.

Pero, de otro modo, cualquier declaración unilateral de independencia tendrá, desde luego, un valor simbólico, para los declarantes y también para los mejores expertos en derecho internacional; algún valor simbólico y ningún valor jurídico…

Si nos vamos al Tratado de la Unión Europea, vemos que se obliga a respetar las funciones esenciales del Estado, y añade que “especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional”.

La semana próxima completaré, pues, mis ideas a este respecto, comenzando por lo que ocurriría si se produjese la secesión. Aquí el enlace al artículo anterior.

Por Ángel Mazo.

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