El próximo 8 de febrero, Aragón no solo elige un Gobierno autonómico; se enfrenta a un plebiscito sobre la dignidad de España. Tras años de sumisión de las siglas locales del PSOE a los caprichos de la Moncloa, los aragoneses tienen en su mano la oportunidad de replicar el histórico «bofetón» electoral que Extremadura ya propinó a Pedro Sánchez. Es el momento de que el centro-derecha consolide un frente común que detenga, de una vez por todas, el desguace del Estado en favor de las élites separatistas.
La realidad es incontestable: el modelo de financiación singular pactado con ERC es un insulto directo a la España interior. PP y VOX lo han denunciado con claridad: Aragón se encamina a ser la comunidad peor financiada mientras el sanchismo compra su supervivencia con el dinero de todos. El castigo en las urnas no es solo una opción política, es una necesidad de supervivencia para una región que ve cómo sus servicios públicos se sacrifican para pagar el alquiler de Sánchez en el poder.
Lo ocurrido recientemente en Extremadura no fue una anomalía, sino un síntoma de agotamiento democrático. Allí, el electorado tradicionalmente socialista dijo basta a los pactos con quienes quieren romper el país. Aragón, con su histórico sentido de Estado, debe recoger ese testigo para demostrar que la igualdad de los españoles no se negocia en despachos oscuros. La movilización debe ser masiva para que el mensaje llegue nítido a Madrid: España no está en venta.
El sanchismo ha convertido al PSOE aragonés en una sucursal muda. Atrás quedaron los tiempos en que ciertas voces territoriales se atrevían a discrepar mínimamente; hoy, la consigna es la obediencia ciega al líder, aunque ello suponga aceptar que Cataluña sea más «singular» que el resto. Un resultado electoral contundente en Aragón sería la señal definitiva de que el ciclo de Pedro Sánchez está agotado y que los ciudadanos ya no compran el relato de la convivencia a cambio de privilegios.
Las encuestas ya apuntan a un «pendulazo» histórico donde la suma de PP y Vox podría rozar el 60% de los votos. Este crecimiento refleja el hartazgo de una sociedad que se siente agraviada por la condonación de deudas ajenas mientras sus propios hospitales y escuelas sufren las estrecheces de un sistema injusto. El voto al centro-derecha en Aragón es hoy el voto más útil para defender la Constitución y la solidaridad interterritorial que el socialismo ha decidido enterrar.
No se trata de una batalla de siglas, sino de una defensa de los valores fundacionales de nuestra democracia. Cada voto que pierda el PSOE en las tres provincias aragonesas será un aviso para navegantes: no se puede gobernar contra la mitad de España apoyándose en quienes desprecian nuestras instituciones. El «efecto Extremadura» debe multiplicarse en el Ebro para blindar la red de seguridad que hoy representan los gobiernos autonómicos del Partido Popular.
La desmovilización del votante de izquierdas desencantado es el reflejo de una traición ideológica. Muchos socialistas de corazón en Aragón no reconocen a su partido cuando lo ven arrodillado ante Junqueras o Puigdemont. A ellos también les toca decir basta, ya sea quedándose en casa o apostando por el cambio, para que el PSOE recupere algún día la cordura y el sentido nacional que Sánchez le ha arrebatado para convertirlo en un instrumento personalista.
Aragón siempre ha sido una tierra de pactos y lealtad, pero nunca de vasallaje. El desprecio del Ejecutivo hacia la orografía, el envejecimiento y la despoblación aragonesa en el nuevo reparto de fondos es la prueba final de que este Gobierno ha desconectado de la realidad de España. El castigo electoral es la única herramienta que queda para obligar a rectificar a un presidente que solo entiende el lenguaje de los escaños y el poder.
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