El conflicto por las obras de arte de Sijena ha dejado de ser una disputa patrimonial para convertirse en un símbolo del doble rasero jurídico que impera en España. Pese a la existencia de sentencias firmes, la Generalitat de Cataluña persiste en una estrategia de obstruccionismo que desafía la lógica de un Estado de derecho. Mientras cualquier ciudadano medio debe acatar la ley de inmediato, el Govern se permite el lujo de ignorar sistemáticamente los mandatos judiciales.
La táctica de las «largas» y las excusas técnicas se ha convertido en la norma de actuación en el palacio de la plaza de Sant Jaume. Se dilatan los plazos de forma artificial para evitar el traslado de unas piezas que pertenecen legítimamente al Monasterio de Sijena, en Aragón. Es una burla constante a los tribunales y a la lealtad institucional que debería regir entre comunidades autónomas hermanas.
Salvador Illa, al frente de la Generalitat, parece estar jugando al desgaste cronológico. Su esperanza, nada disimulada, es que un hipotético cambio de color político en Aragón relaje las exigencias de devolución. Es una apuesta por la impunidad política frente al cumplimiento de la legalidad, una actitud que poco tiene que ver con la regeneración institucional que prometía el socialismo.
La pasividad de la justicia ante este desafío resulta, cuando menos, desalentadora para el ciudadano de a pie. Lo lógico en una democracia plena sería que los tribunales exigieran la ejecución forzosa e inmediata del traslado de los bienes. Solo así se pondría fin a un «culebrón» jurídico que solo sirve para alimentar el agravio comparativo entre regiones y erosionar la confianza en las instituciones.
La sensación de asfixia entre los catalanes no nacionalistas es real y está plenamente justificada. Tras años de indultos y amnistías a medida, se ha instalado la percepción de que las normas solo obligan a quienes no comulgan con el dogma secesionista. En Cataluña, parece que cumplir la ley es una opción voluntaria para unos y una carga ineludible para otros.
No debería ser necesario lucir una estelada para ser considerado un ciudadano de primera categoría en este país. Sin embargo, la realidad diaria apunta a una jerarquía social donde el nacionalismo goza de una inmunidad de facto. Muchos españoles se sienten tratados como ciudadanos de segunda, observando cómo a los líderes del «procés» se les permite lo que a cualquier otro le supondría la cárcel.
El perdón sistemático de delitos graves, incluyendo la malversación de caudales públicos, es una bofetada a la honradez de los contribuyentes. Resulta indignante que el dinero de todos se utilice para fines partidistas y que, posteriormente, se borre el rastro del delito por pura conveniencia parlamentaria del PSOE. Esta política de impunidad pactada rompe el principio de igualdad ante la ley.
El Gobierno central, en su afán por mantener el apoyo de los grupos separatistas, ha desarmado al Estado en Cataluña. Al permitir que el nacionalismo de Salvador Illa ignore las sentencias de Sijena, se envía el mensaje de que la desobediencia sale gratis si tienes los votos suficientes para sostener a un presidente en Madrid. Es un precedente peligrosísimo que debilita los cimientos de nuestra nación.
La fe en el sistema se recuperará el día que un consejero de la Generalitat tenga las mismas consecuencias legales que un autónomo cuando incumple una norma. Mientras eso no ocurra, el caso Sijena seguirá siendo la prueba del algodón de una democracia desigual.
La convivencia no se construye sobre el olvido de las leyes, sino sobre su cumplimiento estricto por parte de todos los actores políticos. El PSC de Salvador Illa tiene la oportunidad de demostrar que el cambio era real obligando a la devolución del patrimonio aragonés. Lamentablemente, todo indica que prefieren seguir alimentando el privilegio nacionalista antes que defender la justicia.
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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