El asalto de Pedro Sánchez a las instituciones ha encontrado en Prado del Rey su campo de batalla más evidente. La televisión pública, que debería ser el baluarte del rigor y la neutralidad, ha mutado en una maquinaria de propaganda al servicio exclusivo de la Moncloa. El reciente informe del Consejo de Informativos ha puesto negro sobre blanco lo que muchos españoles ya percibían: un sesgo ideológico asfixiante que invade cada minuto de la programación matinal y vespertina.
Bajo la apariencia de magacines de actualidad, espacios como Mañaneros han sido señalados por incumplir sistemáticamente la normativa de servicio público. La mezcla confusa de información y opinión, junto al uso de un lenguaje agresivo contra la oposición, delata una estrategia diseñada para tutelar el pensamiento del espectador. Ya no se trata de informar sobre la realidad, sino de construir una narrativa que proteja al Gobierno de sus propios escándalos y contradicciones.
Mención especial merece La Hora de La 1, convertido en el epicentro de la entrevista amable para el ministro de turno y el interrogatorio inquisitorial para el adversario. Los profesionales de la casa han denunciado en reiteradas ocasiones cómo se manipula el enfoque de las noticias para favorecer al sanchismo. La selección de colaboradores y el tono de las tertulias parecen dictados directamente desde la Secretaría de Estado de Comunicación, anulando cualquier atisbo de debate equilibrado.
Esta colonización de la parrilla no es fruto de la casualidad, sino del decreto que rebajó las mayorías para controlar el Consejo de Administración. Al eliminar la necesidad de consenso con el PP, Sánchez ha convertido a los consejeros en meros comisarios políticos con dedicación exclusiva. El resultado es una estructura donde la pluralidad ha sido sustituida por la obediencia ciega, dejando a los profesionales independientes de la casa en una situación de absoluta marginalidad.
La manipulación en RTVE ha alcanzado niveles que erosionan gravemente la credibilidad del ente. Mientras se ocultan o minimizan las informaciones que perjudican al Ejecutivo, se amplifican hasta el paroxismo los ataques a la derecha. Este desequilibrio no es solo una falta de ética periodística; es una malversación del concepto de servicio público que debería garantizar el acceso a una información veraz, libre de interferencias gubernamentales.
Los trabajadores de la casa, a través de sus órganos de representación, llevan meses alertando sobre la politización extrema de los contenidos. Denuncian que la dirección impone temas y colaboradores con el único fin de apuntalar la agenda sanchista. El desprecio por el mandato marco de la corporación es tal que incluso se ha llegado a utilizar el humor y la sátira para insultar de forma sectaria a quienes critican legítimamente la gestión del Gobierno.
Es imperativo que RTVE vuelva a manos de los ciudadanos y deje de ser la «TeleSánchez» en la que se ha convertido. Un país democrático no puede permitirse que su principal medio de comunicación público actúe como un escudo para tapar la corrupción o como un arma para desgastar al adversario político. La regeneración de la televisión nacional es una tarea pendiente que requiere expulsar la militancia partidista de los despachos de Prado del Rey.
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