El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a tejer una red de dependencias que, casualmente, siempre favorece a sus socios o a las administraciones que controla su partido. En esta ocasión, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto la homologación de las balizas V16 en manos de dos únicos laboratorios.
Ambos centros tienen un nexo común inapelable: su estrecha vinculación con la Generalitat de Cataluña, ahora presidida por el socialista Salvador Illa, tal y cómo ha desvelado Okdiario. Recordemos que el actual director de la DGT es el catalán Pere Navarro, que hizo buena parte de su carrera político ejerciendo diversos cargos en esta comunidad autónoma.
La baliza V16 no es un accesorio cualquiera, sino un dispositivo que será obligatorio para todos los vehículos en circulación. Esta imposición normativa abre un mercado de millones de usuarios que deben pasar, por fuerza, por el filtro de la certificación. Resulta, cuanto menos, cuestionable que el organismo encargado de validar los más de 200 modelos existentes sea Idiada Automotive Technology SA, una firma donde el Ejecutivo catalán ostenta una participación del 20%.
Pero el control no termina ahí. El segundo laboratorio en liza es el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia (LCEO). Esta entidad pertenece a una fundación privada que, a su vez, es socia directa del Gobierno autonómico de Salvador Illa en otras empresas del sector automotriz. Este entramado de colaboraciones público-privadas entre Madrid y Barcelona deja un rastro de intereses cruzados que enturbia la neutralidad que se le presupone a un proceso de homologación técnica.
Cualquier fabricante que aspire a cumplir con los requisitos del Ministerio del Interior debe someterse al juicio de los peritos de estos dos centros. Es decir, el Ejecutivo central ha creado una norma que obliga a los ciudadanos a comprar un producto, y simultáneamente ha decidido que los únicos inspectores válidos sean entidades en las que la Generalitat tiene intereses económicos directos.
Este escenario refuerza la sensación de que las decisiones técnicas en España están cada vez más supeditadas a los equilibrios políticos del sanchismo. Al centralizar estas competencias en entidades ligadas a la Generalitat, el Gobierno no solo garantiza un flujo de ingresos y actividad a Cataluña, sino que lo hace a costa de la libre competencia y de la transparencia institucional que merecería un sector tan sensible como la seguridad vial.
El papel de Salvador Illa en este tablero no es baladí. Como hombre fuerte del socialismo en Cataluña y ahora presidente autonómico, se beneficia de una estructura heredada que Sánchez ha decidido no diversificar. No se trata solo de una cuestión de peritaje, sino de ética pública. En un Estado de Derecho sano, la certificación de elementos de seguridad obligatorios debería estar lo más alejada posible del control político directo.
El hecho de que la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial sea socia de la Generalitat en firmas como el Centro de Ensayos, Innovación y Servicios (CEIS) demuestra que no estamos ante una coincidencia. Es un diseño estructurado donde el sector público catalán y ciertas entidades privadas actúan como un monopolio de facto bajo el amparo del Ministerio del Interior, limitando las opciones para cualquier otro laboratorio nacional que quisiera competir.
La opacidad en la elección de estos centros de ensayo es un síntoma más del «desguace» institucional que denuncia la oposición. La obligatoriedad de la V16 se convierte así en otro ejemplo de cómo el sanchismo utiliza el Boletín Oficial del Estado para consolidar su estructura de poder, premiando a las administraciones afines.
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace pueden comprar el libro.
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