Alberto Núñez Feijóo ha logrado una imagen de unidad que el PSOE de Pedro Sánchez, fragmentado por las cesiones al separatismo, es incapaz de ofrecer. Acompañado por todos sus presidentes autonómicos, Feijóo ha suscrito la Declaración de Zaragoza, un documento que establece las bases de una financiación autonómica justa y equilibrada para todos los españoles.
La estrategia de los populares es clara: frenar el desguace del Estado que Sánchez está ejecutando desde la Moncloa. Para Feijóo, el pacto con ERC para otorgar una financiación singular a Cataluña no es más que una moneda de cambio para la supervivencia política del presidente. El PP se erige así en la «red de seguridad» de un proyecto común que hoy parece más amenazado que nunca por los intereses particulares de unos pocos.
El líder de la oposición sostiene que ningún ciudadano es «más singular que otro» y que los recursos públicos deben gestionarse con transparencia. Al firmar este texto, los barones populares cierran filas contra la pretensión del Gobierno de trocear la solidaridad interterritorial a cambio de votos en el Congreso.
Mañana lunes, Feijóo entregará personalmente este documento a Sánchez en su reunión en Moncloa. Es una exigencia formal para que el Ejecutivo retire un modelo que solo beneficia a las élites separatistas y perjudica al resto de las comunidades. El PP reclama volver a la multilateralidad, abandonando las reuniones bilaterales y oscuras que tanto gustan al actual Gobierno para contentar a sus socios.
Feijóo no ha ahorrado críticas hacia la figura de Salvador Illa. El presidente popular considera que el president de la Generalitat ha quedado reducido a una «figura decorativa» en esta negociación. Según su visión, el Gobierno ha preferido pactar las finanzas de todos los españoles con partidos independentistas antes que respetar las instituciones, humillando de paso la relevancia política del propio PSC.
Especialmente dura ha sido la mención a Oriol Junqueras. Feijóo ha denunciado que un inhabilitado por malversación parezca actuar hoy como el verdadero «ministro de Hacienda» en la sombra. Resulta inaudito que alguien que utilizó fondos públicos para fines ilegales sea ahora quien dicte cómo se reparte el dinero de los contribuyentes, una situación que el PP tacha de absoluta falta de legitimidad.
El líder popular también ha apelado a la conciencia de los barones socialistas díscolos. Ha preguntado directamente a presidentes como Page (Castilla-La Mancha) o Barbón (Asturias) si están de acuerdo con que un inhabilitado decida sobre sus recursos. El contraste es evidente: mientras el PP exhibe un proyecto de Estado cohesionado, el PSOE se diluye en concesiones que incluso sus propias bases tienen dificultades para explicar o defender.
La gestión de Jorge Azcón en Aragón ha servido como ejemplo de lo que el PP entiende por buen gobierno. Frente a la «crispación y división» que emana de Moncloa, los populares reivindican una política que no fragmente a la sociedad. El objetivo de Sánchez y sus aliados, según ha denunciado Feijóo, es precisamente dividir a los españoles para debilitar las instituciones y perpetuarse en el poder.
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