AMI: ¿asociación que se nutre de fondos públicos para actividades ilegales?

Ante el nuevo desafío de la Asociación de Municipios por la Independencia al marco constitucional promoviendo y apoyando la consulta ilegal del 1 de octubre, elCatalán.es ha querido pulsar la opinión de diversos juristas y políticos constitucionalistas de ámbito local. ¿Tiene sentido que exista una asociación sostenida con fondos públicos, la AMI, que pretende incumplir las leyes del país?

Manuel Miró, jurista y secretario de Societat Civil Catalana argumenta que «lo que no tiene sentido y es además ilegal es que ayuntamientos originen gastos a las arcas municipales para financiar a la AMI violentando la libertad, los sentimientos y la conciencia de los vecinos del municipio, especialmente de aquellos que no se sienten identificados con la orientación política e ideológica de la asociación».

«Todo ello sin perjuicio de que los ayuntamientos carecen de competencia para adherirse a la AMI al tratarse de una asociación cuyo fin básico proclamado en los estatutos –el objetivo político de la independencia de Cataluña- no tiene ninguna conexión con los fines y competencias atribuidos legalmente a los entes locales, lo que otro lado vulnera el principio jurídico de imparcialidad y neutralidad ideológica de las administraciones, el pluralismo político y la libertad de conciencia y pensamiento de los vecinos reconocidos por la Constitución».

Otro jurista y miembro de la junta de SCC, en este caso como vicepresidente, José Domingo, va en la misma línea: «La participación de la Associació Catalana de Municipis (ACM) y de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) en el proceso independentista es profundamente antidemocrática. Los cargos públicos que pertenecen a estas asociaciones no desconocen que el referéndum sobre la separación de Cataluña de España es contrario a la Ley y si apoyan acuerdos ilegales son conscientes de que asumen las consecuencias de su acción. Dictar resoluciones injustas y malversar fondos públicos no es gratuito. Los demócratas no deben tener miedo de aplicar las leyes democráticas».

Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional y presidenta de Concordia Cívica, comparte el fondo sobre lo ilegitimo de sus objetivos y procedimientos: «La AMI, asociación perfectamente legal desde el punto de vista formal, tiene objetivos ilegales (la independencia de Cataluña al margen de la ley) y, también actuaciones ilegales, rayanas en la extorsión a alcaldes y concejales, que están tremendamente presionados por los ‘hombrecitos de amarillo’ que exigen el pago de las ‘cuotas’«.

Y añade: «Hay que decir que estos pagos son directamente ilegales, porque no existe en la legislación administrativa de régimen local ningún precepto habilitante de pagos dirigidos a realizar este tipo de actividad, que no es, de ningún modo, competencia municipal. Esta actividad, en Alemania o Francia, por ejemplo, ya hubiera originado hace tiempo la ilegalización de cualquier organización similar a la AMI».

Pere Lluís Huguet, también jurista y presidente de Llibertats, defiende que «la propia existencia de la AMI pone de manifiesto las graves carencias democráticas del ‘procés’, en ningún país europeo ni siquiera se plantearía la posibilidad de existir una asociación con fines exclusivamente políticos que solo representa a una parte de la población, en la que los socios fueran los municipios y sostenida con fondos públicos. En democracia la neutralidad de las instituciones en el debate político es garantía de pluralidad y libertad».

Clemente Polo, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico, ha publicado recientemente un artículo sobre esta cuestión en el diario «Expansión». En declaraciones a elCatalán asegura que «la AMI es una asociación de municipios cuyo objetivo primordial es propiciar la secesión de Cataluña, un objetivo manifiestamente inconstitucional. Hay un hecho capital a tener en cuenta: los asociados no son ciudadanos que aportan voluntariamente su dinero, sino entidades de derecho, como los Ayuntamientos y Diputaciones, cuyos representantes están obligados a cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. De ello se sigue que no pueden emplear dinero de todos los contribuyentes para financiar actividades ilegales».

«Pues bien, las iniciativas que ha desarrollado la AMI y las campañas que ha protagonizado en favor de la consulta del 9-N, promoviendo declaraciones de los municipios adheridos en favor de realizar un referéndum ilegal, respaldando a los procesados por desatender los requerimientos de los Tribunales a cumplir las sentencias, elaborando y distribuyendo documentos para preparar a los Ayuntamientos adheridos a asumir competencias impositivas que no les corresponden, poniéndose a disposición del gobierno de la Generalitat para realizar el referéndum del 1 de octubre, etc., demuestran que estamos ante una asociación que se nutre de fondos públicos para financiar abiertamente actividades ilegales. Por ello, hay que ilegalizarla e inhabilitar a los miembros del Comité Ejecutivo sin demora«.

El Secretario jurídico del PP de Barcelona, Juan Carlos Segura Just, también cuestiona la existencia de la AMI, y asegura que «no tiene sentido pues se arroga una representación política que no se encuentra en el ámbito de competencias de sus miembros. El sostenimiento de dicha asociación con fondos públicos -aunque sólo fuesen fondos municipales- agrava todavía más el hecho de su existencia ya que los fondos municipales están destinados, exclusivamente, a necesidades del municipio».

Pasando al ámbito puramente político, elCatalán también ha querido pulsar el parecer de diversos políticos dedicados al municipalismo. El ex Alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes (PP) cree que «los separatistas nunca explican que gran parte de la financiación de los municipios procede del Estado que es quien aporta los recursos para que los ayuntamientos puedan prestar sus servicios a los ciudadanos».

«¿Cómo puede ser que el propio dinero del Estado puede ser utilizado contra él mismo por aquellos que persiguen su disolución? Es paradójico que mientras que la Generalitat no paga las deudas con el mundo local sea el Estado el que haya inyectado el dinero suficiente para que los ayuntamientos salden sus deudas y estén hoy saneados».

Dimas Gragera, portavoz de Cs en Santa Coloma de Gramenet defiende que «la única función que cumple la AMI es poner un cartel a la entrada de sus municipios adheridos que molesta a más de la mitad de los catalanes. Desde Ciudadanos estamos en contra de estos chiringuitos mantenidos con apoyo incluso de PSC en algunos municipios y hemos presentado propuestas en este sentido para que los ayuntamientos salgan de la AMI. Ningún municipio en el que Cs es decisivo para gobernar está en la AMI».

Otro regidor de Cs, José Luis Cerro, en este caso en Sant Joan Despí, cree que la existencia de esta asociación no tiene sentido y opina que «la culpa de que fondos públicos vayan a la AMI es de los partidos independentistas y en gran parte del PSC como cómplice en las votaciones de algunos municipios, Castelldefels por ejemplo, ya que para entrar se necesita mayoría absoluta tal y como marcan los estatutos de la propia AMI».

David Gerbolés, regidor de Cs en Montcada Reixac piensa que  «es una vergüenza que se riegue con el dinero de todos los catalanes una asociación sectaria que es una de las patas fundamentales para ejecutar un golpe de Estado en nuestro país» y César Alcalá, concejal del PP en La Roca del Vallès defiende que no tiene «ningún sentido una asociación que divide a los catalanes con el dinero de todos».

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