Barcelona ha vuelto a ser el escenario de una manifestación que, bajo el paraguas de la lengua catalana, esconde una clara agenda política de confrontación para excluir al español como lengua de uso social. Por segundo año consecutivo, las calles de la capital catalana han servido de altavoz para unas entidades que no se conforman con la cooficialidad lingüística.
La Guardia Urbana cifró en 1.400 los asistentes en Barcelona, una cifra modesta que contrasta con la narrativa de «emergencia» que intentan vender los organizadores. La plataforma ‘Sant Jordi por la Lengua’, apoyada por cerca de 200 entidades satélites, lideró una marcha que partió de la plaza Universitat. A pesar del tono festivo que pretendían proyectar, el trasfondo de la protesta fue estrictamente ideológico y excluyente.
El recorrido por el centro de la ciudad no fue casual, buscando la máxima visibilidad en una jornada donde la convivencia debería ser la norma. Al llegar a la Jefatura Superior de Policía Nacional en la Via Laietana, el presunto ‘civismo’ desapareció para dar paso a las consignas habituales contra las fuerzas de seguridad. Los gritos a favor del 1 de octubre recordaron que, para estos colectivos, la lengua es solo un instrumento para reactivar el proceso separatista.
Las «políticas lingüísticas valientes» que reclaman los manifestantes no son más que una invitación a profundizar en la imposición y el arrinconamiento del castellano. El Gobierno de Pedro Sánchez, rehén de sus socios, permite que el catalán sea utilizado como arma arrojadiza contra la unidad nacional. Mientras tanto, el PSC calla ante unas exigencias que vulneran el bilingüismo real de la sociedad catalana.
La descentralización de la protesta en otras ciudades es un intento de proyectar una unidad de acción que la realidad de las urnas no siempre respalda. Según la organización, unas 15.000 personas se sumaron a la causa en toda Cataluña, buscando presionar a unas instituciones que tildan de tibias. Para el nacionalismo más irreductible, cualquier gesto del Ejecutivo actual siempre será insuficiente si no implica la ruptura total.
Durante el acto, también hubo espacio para las críticas a la situación política en otras comunidades autónomas, como el pacto entre PP y Vox en Aragón. Los portavoces instaron a reivindicar la «nación completa», evidenciando que sus aspiraciones territoriales no respetan los límites autonómicos ni la soberanía nacional. Es el delirio expansionista que el sanchismo alimenta con su política de concesiones permanentes.
La manifestación también sirvió para señalar directamente al ciudadano individual, exigiéndole que no «baje la guardia» en su uso cotidiano del idioma. Esta vigilancia de la conducta privada es el reflejo de una sociedad que algunos quieren uniformada y monolingüe. El respeto a la libertad individual queda supeditado a la supervivencia de un proyecto identitario que el PSC se niega a combatir de frente.
En definitiva, la jornada dejó claro que el conflicto lingüístico sigue siendo el combustible preferido de quienes rechazan la España constitucional. Con un Gobierno central débil y un PSC más preocupado por no incomodar al separatismo que por defender los derechos de todos, la calle seguirá siendo el feudo del privilegio identitario. La convivencia, una vez más, es la gran sacrificada en el altar de la política de bloques.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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