Carles Puigdemont vuelve a desafiar al Estado con una petición que roza el surrealismo institucional. El líder de Junts ha solicitado formalmente al Tribunal Supremo la custodia de todo el material incautado durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Su oficina defiende que, como expresidente, es el «máximo responsable» de aquel desafío a la democracia.
Esta maniobra busca frenar la orden de destrucción de las urnas y papeletas que ya ha autorizado el Alto Tribunal. La policía autonómica, bajo el mando de una Generalitat controlada por el PSC, solicitó deshacerse de este material tras años de almacenamiento. Sin embargo, el prófugo de la justicia quiere rescatar estos objetos para su propia oficina personal.
El argumento de Puigdemont es que estas pruebas de un delito de sedición y malversación poseen un «valor histórico». Según su escrito, las urnas forman parte de la «memoria democrática» de Cataluña. Resulta paradójico que alguien que huyó de la justicia ahora reclame ser el guardián del patrimonio institucional catalán.
La debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez ha envalentonado este tipo de peticiones. Al depender de los votos de Junts en Madrid, el PSOE ha permitido un clima de impunidad que ahora Puigdemont intenta capitalizar. La sensación de que el expresidente marca la agenda política es cada vez más evidente y humillante para el Estado.
El Tribunal Supremo autorizó la semana pasada a los Mossos d’Esquadra a limpiar sus almacenes de estos restos. Los magistrados, liderados por Manuel Marchena, solo pidieron conservar una muestra mínima de los efectos intervenidos. El resto debía ser destruido para cerrar, al menos logísticamente, un capítulo oscuro de nuestra historia reciente.
Puigdemont se opone frontalmente a que se levante acta de esta destrucción en el complejo Egara de Sabadell de los Mossos. Considera que eliminar este material es una «pérdida irreparable» para el legado independentista. Su intención es clara: mantener viva la llama de la confrontación mediante la museización de la ilegalidad.
Mientras tanto, el PSC de Salvador Illa observa de perfil cómo sus socios preferentes en Madrid siguen tensando la cuerda institucional. La falta de contundencia de los socialistas ante estas exigencias solo alimenta el relato de los que quebrantaron la ley. La complicidad por omisión del PSOE es el motor que permite estas extravagancias judiciales.
La petición al Supremo no es solo un trámite legal, es un acto de propaganda política en toda regla. Puigdemont se reafirma ante su electorado como el único depositario de las esencias del proceso separatista. Intenta forzar al Estado a reconocerle una autoridad que perdió el mismo día que cruzó la frontera en un maletero.
Si el Tribunal Supremo rechaza este recurso, los Mossos procederán a la destrucción definitiva de las urnas. Sería el final lógico para unos objetos que simbolizan la fractura de la sociedad catalana. Sin embargo, la batalla mediática ya está servida gracias a la inacción de un Gobierno central que prefiere no incomodar a sus socios.
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