La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado el carpetazo judicial definitivo a los delitos cometidos durante el golpe de Estado separatista del 1-O, por la amnistía aprobada por Sánchez para conseguir los votos de los partidos separatistas. Los magistrados han declarado extinguida la responsabilidad criminal que pesaba sobre Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva. Esta medida responde a la imperativa aplicación de la Ley de Amnistía impulsada por el Gobierno socialista.
El tribunal acata de este modo la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional en el amparo otorgado a Bassa. La decisión ha sido rubricada por el presidente de la sala, Andrés Martínez Arrieta, junto a Manuel Marchena y Antonio del Moral. Con este paso concluye la ejecución de las condenas impuestas por sedición y malversación.
El alto tribunal ha notificado formalmente su decisión al Ministerio de Justicia. El objetivo es que la administración borre de inmediato el historial delictivo de los encausados. El perdón penal promovido desde la Moncloa consuma así la cancelación completa de los antecedentes de los dirigentes independentistas.
La resolución no ahorra dureza a la hora de retratar las presiones políticas y judiciales sobre la causa. El Supremo recuerda cómo el órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido forzó la inclusión de la malversación en la amnistía. A juicio de la sala ordinaria, se ha desarticulado el criterio técnico que impedía perdonar el desvío de fondos públicos.
Los magistrados de la Sala Penal defienden con firmeza el rigor del trabajo jurídico realizado durante años. En el auto denuncian que las acusaciones vertidas desde el tribunal garantista descalifican infundadamente a catorce jueces de la causa. El Supremo recalca que su interpretación del delito económico estaba plenamente sustentada en el derecho vigente.
El texto judicial arremete contra la retórica agresiva empleada por la mayoría afín al Ejecutivo en el Constitucional. Calificativos como «impredecible» o «contraria a la lógica» solo buscan enmascarar un exceso de atribuciones. La alta magistratura considera innecesario y desmedido el lenguaje utilizado para desautorizar su labor.
Para los jueces del Supremo, la contundencia verbal de la corte constitucional esconde una injerencia directa en la función jurisdiccional. El auto señala que la «corteza de esos vocablos» sirve para camuflar una auténtica invasión de competencias. La independencia del poder judicial vuelve a quedar tocada tras esta maniobra.
El veredicto evidencia el coste institucional que el Gobierno de Pedro Sánchez ha estado dispuesto a asumir. La exigencia de los socios separatistas para mantener la gobernabilidad se impone finalmente sobre el criterio de los jueces ordinarios. El Estado de derecho sufre un nuevo retroceso bajo el mandato de la actual mayoría parlamentaria.
A pesar de su profunda disconformidad técnica, la Sala de lo Penal demuestra un acatamiento estricto de la jerarquía constitucional. Los magistrados aplican la norma a sabiendas de que se consagra una impunidad redactada a la medida de los infractores. La obediencia al ordenamiento prevalece frente al atropello jurídico cometido.
Con este auto se cierra el capítulo penal de los principales mandos del desafío soberanista catalán. El perdón de la malversación sienta un peligroso precedente para la protección del erario público en España. El relato de la impunidad triunfa en las instituciones gracias al peaje político pagado por el sanchismo.
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