Capítulo XIV, art. 74, apartado 17 del Convenio colectivo de Seguridad Privada: son faltas muy graves la competencia ilícita por dedicarse dentro o fuera de la jornada laboral a desarrollar por cuenta propia idéntica actividad que la Empresa o dedicarse a ocupaciones particulares que estén en abierta pugna con el servicio.
Titulo VI. capítulo I, artículo 57, apartado b) de la Ley de Seguridad Privada 04/2015: son faltas muy graves la contratación o utilización en servicios de seguridad privada de personas que carezcan de la habilitación o acreditación correspondiente.
Las leyes están para cumplirlas. Este precepto básico y que habría de prevalecer siempre para que un sistema democrático funcione, está en entredicho por la percepción que el ciudadano de a pie tiene sobre los múltiples casos de corrupción, aforamiento, tráfico de influencias, etc… que se vienen observando en ciertas esferas de poder político.
Más preocupante todavía si desde esas esferas se incita a la población a hacer lo mismo, bajo el mantra de “tenemos la razón de nuestra parte y la razón está por encima de la ley”.
A esa falta de respeto en el cumplimiento de la ley, tenemos que añadir lo barato que suele salir incumplir la misma.
Recientemente se han podido leer dos noticias que no hacen más que desprestigiar al ya de por si humillado sector de la seguridad privada, aumentando la sensación de inseguridad pública correspondiente.
Las noticias, que conocíamos recientemente, son: la contratación por parte del ayuntamiento de Barcelona de los llamados “manteros” (en muchos casos en situación administrativa irregular”) como vigilantes de seguridad y, por otro lado, el sistema conocido como “de rueda” de vigilancia nocturna en obras.
Camuflados bajo el nombre de «servicios de apoyo a la vigilancia» durante la feria navideña que organiza anualmente, en la céntrica plaza de Cataluña, DiomCoop SCCL , el consistorio de Barcelona adjudicó dicho servicio a la cooperativa de vendedores ambulantes “manteros” por un valor 17.850 euros (21.599 con IVA). En fecha 29 de enero de 2018, a través de la Gerencia de Presidencia y Economía (según podemos ver en la factura emitida por DiomCoop SCCL).
En total la “cooperativa de manteros” ha recibido 364.000 euros entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de enero de 2019.
Mientras estos hechos parecen quedar impunes, las sanciones indicadas en el inicio de este artículo van destinadas exclusivamente al ámbito de la seguridad privada y en especial al vigilante de seguridad que por 1.168,03 euros brutos al mes soporta continuas faltas de respeto, tanto de organismos públicos, privados y en muchos casos de la propia ciudadanía.
A estos menosprecios hacia el colectivo de seguridad privada hay que añadir el eterno problema de los conocidos como “clanes de las obras” en Barcelona o vigilancia de “rueda” por poner en la valla de las obras el dibujo de una rueda de carro.
Gente sin ningún tipo de habilitación ni formación, organizados como auténticos clanes mafiosos que realizan las tareas de vigilancia en obras, quitando contratos a las empresas de seguridad privada y como consecuencia directa dejando sin trabajo al vigilante de seguridad que tras realizar el curso correspondiente y los exámenes que señala el Ministerio de Interior obtienen la habilitación para trabajar.
Cabe volver a recordar que una vez habilitado y en activo, el colectivo se enfrenta desprotegido en muchas ocasiones (una vez más abaratar los costes parece ser lo más importante) a situaciones de riesgo. Esta semana, nuevamente en Barcelona, cuando un compañero de seguridad privada (acompañado de un perro durante el servicio), indicó a un pasajero que no podía viajar sin billete en el tranvía, fue apuñalado en la mano, perforándole la misma y necesitando 13 puntos de sutura. Por si no fuera suficiente, el perro también fue apuñalado en la cabeza.
Desde POLITEIA recordamos que actualmente hay más de 83.000 vigilantes en activo, que día tras día ven pisoteados sus derechos y como todas sus reclamaciones (algunas tan lógicas como tener un compañero con el que realizar esas arduas tareas) se ven truncadas por el abaratamiento de los costes. Exponen su vida diariamente por un salario que no llega a los 1.000 euros netos al mes y en muchos casos con jornadas de 12 horas o más con un descanso de 20 minutos.
Este abaratamiento de costes sumado al quebrantamiento continuo de la normativa vigente, promovido desde las instituciones públicas con ejemplos como los expuestos, contratación de los llamados “apoyo de vigilancia” o “agentes cívicos”, significa que tenemos un problema muy grave y habría que comenzar por lo más básico: exigir a empresas públicas y privadas… cumplir la ley.
Miguel Ángel Fernández es vocal de Politeia
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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