El pasado lunes, Yolanda Díaz mantuvo una reunión con el prófugo Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo, un encuentro que indignó a la mayoría de los ciudadanos españoles. Toda una vicepresidenta del Gobierno reuniéndose con un golpista fugado de la justicia.
La entidad constitucionalista procede penalmente contra la vicepresidenta del Gobierno en funciones, basándonos en el Artículo 408 del Código Penal, que recoge lo siguiente: “La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejara intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.
Societat Civil Catalana considera que la vicepresidenta en funciones ha faltado a la obligación de su cargo e, intencionadamente, ha dejado de promover la persecución de personas encausadas por delitos gravísimos.
En la denuncia presentada por SCC se constata que “la vicepresidenta Yolanda Díaz, cargo del que no puede desprenderse a voluntad y alegar que únicamente interviene a título de líder de Sumar, trató asuntos de estado con un prófugo de la Justicia, negociando las condiciones para la investidura de Pedro Sánchez. Consideramos también evidente que, desde Moncloa, pese a su intención de desmarcarse de esta reunión, hubo de avalarse este encuentro que, con toda seguridad, no se gestó en unas pocas horas. De ser cierto que desde el Ejecutivo nada se conocía de este encuentro antes de la noche anterior, la reacción lógica ante estos graves hechos habría sido la de cesar a Yolanda Díaz de sus cargos y no la celebración de sus más que dudosos logros”.
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