El horizonte procesal de la familia del presidente del Gobierno se ensombrece por momentos. La vista preliminar del caso que afecta a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, ha certificado que la presión judicial no ha hecho más que empezar. Los colectivos que ejercen la acusación popular han pisado el acelerador y exigen medidas contundentes de control personal sobre la principal investigada. El blindaje institucional de la Moncloa parece inútil en los pasillos de Plaza de Castilla.
La plataforma Hazte Oír ha liderado una ofensiva jurídica implacable durante la última comparecencia en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Los letrados han solicitado formalmente al magistrado Juan Carlos Peinado la retención inmediata del pasaporte de la cónyuge del líder socialista. La medida busca impedir de forma taxativa cualquier viaje fuera de las fronteras nacionales sin una previa y expresa autorización del órgano instructor.
El argumento principal para justificar esta drástica restricción de movimientos radica en el riesgo de fuga de la encausada. Las acusaciones sostienen que la inminencia de un juicio oral y el elevado volumen de penas solicitado invitan a extremar las precauciones. El entorno presidencial se enfrenta a una petición global de condena que asciende a los 24 años de privación de libertad.
El cerco a los movimientos de la esposa del jefe del Ejecutivo central contempla una segunda barrera de control diario. Las acusaciones populares han reclamado que la investigada comparezca en sede judicial de manera obligatoria cada quince días. Esta vigilancia obligaría a la habitante de la Moncloa a firmar periódicamente en los juzgados, sumándose a todas las citas extraordinarias que estime oportunas el instructor del caso.
La estrategia de fiscalización de las acusaciones no se limita exclusivamente a la figura de la empresaria. Las estrictas medidas de control personal se han extendido también a Cristina Álvarez, directora de Programas de la Presidencia del Gobierno. Las acusaciones consideran que el papel de esta asesora pública al servicio de la esposa del presidente justifica el mismo nivel de cautela y sospecha.
Las severas peticiones formuladas por las acusaciones se encuadran en la antesala de la resolución definitiva sobre la apertura de juicio oral con jurado popular. La causa penal acumula indicios por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales y apropiación indebida de software. El catálogo de conductas delictivas bajo sospecha retrata un modus operandi intolerable en la misma sede de la presidencia de la Nación.
La comparecencia preliminar se ha prolongado durante más de tres tensas horas de debate a puerta cerrada entre las distintas partes personadas. Tras escuchar las alegaciones de las defensas y el bloque acusador, el juez Juan Carlos Peinado ha decidido posponer su veredicto inmediato. Las solicitudes de retirada de pasaporte y las firmas quincenales han quedado en suspenso y pendientes de resolución definitiva.
El magistrado se ha tomado un breve plazo de varios días para dictar los autos que determinen el destino procesal de los encausados. El sanchismo aguarda con indisimulado nerviosismo un pronunciamiento judicial que podría plasmar la imagen de la esposa del presidente firmando de forma quincenal en un juzgado. La degradación institucional que sufre el Ejecutivo de izquierdas suma un nuevo y preocupante capítulo en los tribunales madrileños.
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