El PSOE de Pedro Sánchez ha vuelto a cruzar una línea roja institucional en un intento desesperado por desviar la atención de sus propios problemas en los tribunales. Los socialistas han cerrado un acuerdo con Sumar, la formación pilotada por Yolanda Díaz, para desmantelar de forma radical la protección penal de los pilares del Estado. La iniciativa se tramitará en el Congreso de los Diputados como una proposición de ley que deja desamparadas a las más altas instituciones.
El núcleo de este pacto entre los socios de la coalición de izquierdas se estructura en cinco ejes que debilitan el marco de convivencia. El objetivo prioritario es eliminar el castigo penal para los insultos y calumnias dirigidos expresamente contra el Rey Felipe VI y los miembros de la Familia Real. Hasta ahora, estas conductas conllevaban penas de hasta dos años de prisión si las ofensas revestían especial gravedad.
Bajo el habitual paraguas retórico de la izquierda, Moncloa justifica este despiece del Código Penal como un avance en la libertad de expresión. Aseguran que buscan adaptar la normativa a la jurisprudencia europea, pero la realidad política es muy distinta. Se trata de una concesión ideológica que desprotege la Jefatura del Estado en un momento de extrema debilidad parlamentaria del Ejecutivo.
La reforma auspiciada por el sanchismo no se limita a la Corona, sino que extiende su amnistía de facto a las ofensas contra las Cortes Generales. El acuerdo contempla la derogación íntegra del artículo 496 del Código Penal. Esto significa que los parlamentos autonómicos y el Congreso perderán su blindaje frente a los ataques y los insultos más severos.
El tercer pilar del pacto despoja de protección a las altas instituciones del Estado, incluyendo de forma llamativa al propio Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. El texto que pretenden suprimir contemplaba penas de prisión de tres a cinco años para quienes emplearan la violencia o la intimidación para boicotear sus reuniones. Con este movimiento, el Gobierno debilita la seguridad jurídica del mismo sistema judicial que hoy investiga sus desmanes.
La ofensiva de la izquierda también afecta de lleno a los valores culturales y espirituales de millones de ciudadanos. PSOE y Sumar han acordado la derogación del artículo 525, suprimiendo así el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Las confesiones quedan expuestas al escarnio público sin que el Código Penal suponga ya un freno para el sectarismo.
La identidad nacional es otra de las grandes damnificadas en este texto pactado en los despachos de la coalición. Los socios de Gobierno proponen eliminar el artículo 543, el cual castigaba los ultrajes y ofensas a la bandera y al resto de símbolos nacionales. Los emblemas que representan a todos los españoles quedan desprovistos de su tradicional tutela penal.
El viraje del PSOE demuestra una vez más que el partido ha renunciado por completo a su antiguo papel de formación de Estado. La deriva hacia las tesis más radicales de Sumar confirma que el ala jacobina y constitucionalista de los socialistas ha sido totalmente depurada. La Moncloa prioriza el interés personal de su presidente por encima de la dignidad y estabilidad de las instituciones.
En definitiva, la propuesta de ley dibuja un escenario preocupante donde el insulto y el ultraje quedan normalizados por la vía legal. España se encamina hacia una preocupante desprotección de su arquitectura constitucional por la debilidad de un Gobierno cercado por la justicia. El precio de la permanencia de Sánchez en el Palacio de la Moncloa lo pagará la calidad democrática del país.
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