Societat Civil Catalana hizo público este viernes un comunicado en el que insta a los partidos con opciones de gobernar España a partir del 23 de julio a cumplir con sus obligaciones constitucionales -desatendidas durante décadas por los sucesivos Ejecutivos- para salvaguardar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos de Cataluña frente a las prácticas discriminatorias y excluyentes de las autoridades autonómicas.
El resto del comunicado dice lo siguiente:
«Reclamamos a las fuerzas constitucionalistas un compromiso inequívoco con la igualdad de todos los españoles como paso previo imprescindible para asegurar la plena convivencia democrática en Cataluña.
Desde el inicio de la nueva legislatura deben aplicarse en Cataluña las medidas necesarias para:
1.- Restablecer la plena vigencia del Estado democrático de derecho. España no prosperará mientras el Gobierno permita que una parte de su territorio ignore las sentencias judiciales y se rija por sus propias reglas, dictadas arbitrariamente por un régimen nacionalista que conculca las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos contrarios a su proyecto totalitario.
2.- Devolver la neutralidad a las instituciones y espacios públicos. Ningún ciudadano español puede ser discriminado por razón de ideología o lengua por unas administraciones que deben estar al servicio del interés general. Lejos de favorecer la paz social, las instituciones catalanas, asistidas por hipersubvencionadas entidades cómplices, utilizan la coacción, la amenaza y el señalamiento como eficaces herramientas de sometimiento. Es esencial, en este ámbito, poner fin a la hispanofobia de los medios de comunicación sostenidos por dinero público.
3.- Trasladar a todos los ámbitos de la Administración el bilingüismo real. El monolingüismo oficial impunemente implantado por el gobierno autonómico contrasta con el bilingüismo existente en la sociedad catalana. El español, lengua mayoritaria de los ciudadanos de Cataluña, es excluido en la Educación, la Sanidad, las administraciones y los medios públicos de comunicación. La política lingüística y el fracasado proyecto educativo de la Generalitat de Cataluña no pueden seguir siendo legitimados, por acción u omisión, por ningún gobierno de España».
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