Ciutadans ha movido ficha de nuevo ante el anuncio del Decreto lingüístico impulsado por la Generalitat de Cataluña que pretende blindar el monolingüismo forzoso en catalán y la exclusión del español en las escuelas. La eurodiputada liberal y vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, ha enviado una carta a la Comisión Europea denunciando el Decreto por contravenir las reglas del derecho comunitario contra la discriminación y las reglas de libre circulación en el mercado interior de trabajadores.
Además, el presidente y la portavoz del Grupo Parlamentario en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa y Anna Grau, han enviado una carta a la Alta Inspección de Educación para que esta no se deje suplantar por la Generalitat y “actúe en cumplimiento de las funciones legales que tiene encomendadas”. Grau ya anunció esta semana que CS “no descarta acudir a la vía penal para parar el infame decreto lingüístico del govern” si se confirma que incurre en prevaricación.
“El Decreto lingüístico supone la enésima tentativa de burlar la Constitución española, la ley de Educación vigente en nuestro país y reiterada jurisprudencia del TC, TS y TSJC que garantizan el derecho al aprendizaje del español en todo el territorio nacional y condenan los intentos de excluir esta lengua de la enseñanza, de la cotidianeidad vehicular y hasta de las actividades no docentes de los centros educativos”, ha expuesto Carrizosa en la carta dirigida a la Alta Inspección de Educación.
Según el presidente de los liberales en Cataluña “no es la primera vez que la Generalitat y su modelo de inmersión lingüística forzosa en catalán chocan con nuestro marco legal y de libertades”. Carrizosa percibe el Decreto como “un intento de blindar los abusos existentes en lugar de corregirlos” y ha advertido del peligro de que su objetivo real sea “levantar más obstáculos en el camino de todos aquellos que reclamen sus derechos lingüísticos”. CS advierte en su escrito de que si la Alta Inspección de Educación no se pone en marcha y hace valer su potestad de “velar por el pleno y obligado cumplimiento de los preceptos constitucionales y las sentencias judiciales”, la Generalitat tratará de arrogarse esta función e imponer su visión “torticera” del marco normativo y de libertades.
Por su parte, Maite Pagazaurtundua ha remitido íntegramente a la Comisión Europea el Proyecto de decreto del régimen lingüístico del sistema educativo publicado el lunes por la Generalitat de Cataluña. La carta enviada por Pagazaurtundua advierte que Cataluña ha entrado en una nueva fase en la que se quiere dar apariencia de naturaleza legal una clara discriminación hacia los castellanoparlantes, cuando esta discriminación ya ha sido claramente desautorizada por los tribunales.
“Este decreto busca dotar de cobertura al flagrante incumplimiento de las reiteradas sentencias que confirman que la exclusión del español como lengua de aprendizaje en el sistema educativo vulnera los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes”, indica Pagaza.
Además, ha argumentado que el Decreto “es un desafío abierto al Estado de Derecho y a un cuestionamiento del orden judicial establecido por parte de una región autónoma que juega con su potestad competencial para intervenir en los derechos democráticos y constitucionales de los ciudadanos”.
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