Como he dicho en columnas de semanas precedentes, no soy asiduo seguidor de todo el circo que lleva implícito el proceso mediático.
Desconozco en que canal de televisión dan el espectáculo y tengo por costumbre ir a trabajar cada mañana y dedicarme a lo mío, sin necesidad de seguir el culebrón, sorprendiéndome al ver como hay personas conectadas con auriculares para seguir las intervenciones como si de una novela radiada, de muchos años atrás, se tratase.
Pero ello no quita que, siendo el pan nuestro de cada día, pueda evitar referencias al devenir de los acontecimientos. En este sentido, ya sea en la mención que incluye la escaleta de cualquiera de los telediarios de la noche, a través de algún vídeo interesante que se ha propagado o en momentos de charla a lo largo del día, dispongo de una posología suficiente para seguir la dinámica sin perder demasiada comba respecto de cómo va evolucionando.
Aun así, en términos generales, reitero que no me interesa demasiado. El juicio a nivel personal ya lo he efectuado y los declaro culpables a todos. Es más, espero que les caiga el máximo de pena posible, con la ilusión de qué, en un futuro próximo, si nos gobiernan patriotas de verdad y no acomplejados que callan o que delegan la responsabilidad en otros, se retoque el ordenamiento jurídico para que quienes cuestionen la vigencia de los artículos uno y dos de nuestra Constitución sean declarados ilegales, personas físicas o jurídicas, de raíz y sin miramientos.
Y, como es el caso, ante situaciones tan evidentes de deslealtad, rebeldía y sedición, sea nítida y evidente la pena adscrita ahorrándonos tiempo, prisiones preventivas, folclore, gasto público y energías, estando labrada con martillo y cincel la pena de prisión de carácter permanente para los que osen agredir los preceptos base de nuestra Carta Magna. Conviene que quede claro, a lo largo y ancho de España, el futuro penal que le espera a todo aquel que pueda ejecutar o alentar gilipolleces rupturistas, quebrantando o cuestionando la indisoluble unidad de la nación española.
En lo que llevamos del proceso judicial y lo poco que lo voy siguiendo, puedo resumir mi opinión del siguiente modo: tras un comienzo de reivindicaciones políticas paranoides, de la mano de los que están esperando saber las décadas que les caen, seguidas de intervenciones por parte de los que fueron responsables políticos, con el denominador común de su laxitud, siendo los que se esperaba más contundencia al tratarse de temas patrióticos, argumento y sostén de gran parte de su electorado, hemos tenido una intervención acorde a lo esperado por parte del Sr. Nieto, secretario de Estado de Seguridad durante la intentona golpista, diciendo las cosas como son y aportando valor añadido con sus palabras.
Dicha intervención, diciendo claramente que los Mossos se mofaron y traicionaron la legalidad constitucional española, que se sumaron al entramado sin cuestionarlo, que vivió la surrealista situación de negociar la forma de evitar el 1-O con los mismos que lo convocaron, que no se aceptaron menciones al diálogo, consenso y cumplimiento de los fallos judiciales, que fue testigo del fanatismo supremacista y de la estrategia de rebeldía premeditada, llegando a usar niños y abuelos como escudos humanos, son argumentos que no dejan títere con cabeza y noquea las defensas de los procesados.
Tras escucharle no hay nada que objetar. Queda patente el plan para lograr imágenes victimistas, fruto de la aplicación de las medidas legales por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil, ante la deslealtad, pasotismo e incumplimiento manifiesto de quienes disponen de la responsabilidad policial en Cataluña y se pasaron por el forro los fallos judiciales que prohibían la celebración de toda esa farsa, esperando que quedasen mal ante la opinión pública los que hicieron su trabajo y fueron profesionales.
Dicho lo anterior, puestos a retocar aprendiendo de las experiencias, si como decía nos acaban gobernando políticos que sienten el patriotismo español y defienden a España, tanto antes de votar como después del sufragio, convendría corregir errores y devolver a la gestión con ámbito nacional ciertas competencias cedidas a gobiernos insurrectos. Por ejemplo, zanjando este problema policial haciendo que las policías autonómicas sean cuerpos internos de la Policía Nacional, con escalas de mando en manos de los que se sabe que nunca darán la espalda a la legalidad vigente y, por encima de todo, a España.
Javier Megino
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