La situación política en Cataluña se está degradando de tal manera que si el Gobierno de España no lo remedia el enfrentamiento civil puede estar a la vuelta de la esquina.
Que grupos de 100 o 200 personas decidan por millones de catalanes es impresentable. Que grupos de 100 o 200 personas corten autopistas, levanten barreras de peaje, bloqueen las principales avenidas de Barcelona es impresentable.
Que los Mossos d’Esquadra miren estos actos incívicos, y no actúen, es impresentable. Pero que los Mossos no hagan nada porque la Generalitat les impide hacer su trabajo no es impresentable, es peligroso.
Para protestar en un sistema democrático hay unos cauces, que si no son respetados impera la Ley de la Jungla. Y en Cataluña ya estamos en la Ley del más fuerte. Los autodenominados CDRs hacen lo que quieren porque son la misma gente que gobierna la Generalitat.
Y la Generalitat ha decidido que los derechos cívicos y democráticos de los catalanes que no son secesionistas pueden ser conculcados para conseguir sus objetivos políticos.
Los Mossos d’Esquadra tienen pistolas porque todos los españoles hemos decidido, mediante nuestro sistema legal, que tienen el monopolio de nuestra seguridad, junto con el resto de cuerpos de seguridad.
Pero si los Mossos permiten la impunidad, ¿para qué los queremos? ¿Para que cualquier gobernante irresponsable pueda saltarse las leyes cuando le dé la gana?
No es normal que los Mossos estén paralizados por el Govern simplemente porque el 6 de diciembre los agentes evitaron que bandas de radicales secesionistas golpearan a catalanes no nacionalistas que simplemente participaban en actos de homenaje a la Constitución.
Como la Generalitat ha decidido que solo los autodenominados CDR y los radicales secesionistas tienen derecho a hacer lo que dé la gana, ha de ser el Gobierno de España quien nos defienda.
Es responsabilidad de Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, garantizar la seguridad de millones de catalanes, y por lo tanto españoles, que nos sentimos indefensos ante una Generalitat que se ha tirado al monte.
Si Sánchez no lo hace, se impondrá la Ley del más fuerte. Si no queremos que Cataluña se convierta en una tierra en la que bandas de radicales secesionistas impongan su ley por las buenas, violando los derechos democráticos de millones de ciudadanos, el Gobierno de España ha de recuperar el control de la seguridad pública.
No seremos nosotros quiénes osemos decirle al presidente del Gobierno de España cómo se ha de hacer. Que escoja el mecanismo legal adecuado, según su parecer. Pero que lo haga ya, antes de que se inicie el camino que conduzca a Cataluña al enfrentamiento civil.
Editorial de elCatalán.es
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