¿Parental, parenteral o enteral (rectal)?

De poco le ha valido a la Asamblea de la Comunidad de Murcia elegir parental, un adjetivo políticamente correcto para su PIN, rehuyendo otros, marcados heteropatriarcalmente, como paterno, o demasiado ambiguos, como familiar. Espero que sabrán perdonar el sarcasmo del título, provocado por el suspense en el que hemos quedado al conocer los proyectos de la flamante directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, cuyo desarrollo legislativo nos tiene a la espera en un sinvivir. Si no fuera porque los gobiernos toman decisiones de las que dependen nuestras vidas, la que nos está cayendo sería para reír (y llorar) y no parar.

Pues es el caso que la desmesurada reacción que ha producido la propuesta del PIN ha adquirido dimensiones de escándalo en sentido bíblico: unos se rasgan las vestiduras dispuestos a lanzar anatemas y otros responden airados con insultos. En lo relativo al papel que está jugando el Gobierno de la nación es preciso decir que ha actuado con prepotencia y una soberbia que no está justificada ni por la naturaleza de lo criticado ni por el respaldo de que goza el ejecutivo (su poder es tan inestable que más le valdría hacer gala de algo más de humildad). Pero, sabido es que la inferioridad se suele compensar con sobreactuación.

Menos aún se justifica si se compara la indignación justiciera que se muestra ante la propuesta legislativa murciana con la meliflua actitud con la que se encara el “conflicto” catalán, donde todo va a ser diálogo, diálogo y más diálogo, con aquellos que han vulnerado la Ley, prometen volver a hacerlo e ignoran la voluntad, los derechos (e incluso la existencia) de más la mitad de sus conciudadanos. Algunos sugieren que se trata de una cortina de humo que permite sacar pecho en esta cuestión marginal y hacer olvidar la falta de iniciativas o de apoyos en lo fundamental. No sería la primera vez.

No pretendo abordar el fondo de la seria y complicada cuestión que reposa tras la polvareda: los límites de la intervención del poder público en la libertad individual. La educación obligatoria es en sí misma una intromisión de los poderes del Estado en la libertad de las familias, pero hay maneras de conseguir que sus procedimientos gocen de un consenso tan amplio que no se sienta como imposición o coerción de los derechos de las familias.

Todos esos aspectos son de gran interés y han sido abordados ya por personas de mayor criterio que el mío. Aquello sobre lo que quisiera llamar la atención es el valor que tiene como síntoma no el asunto en sí mismo, sino la polémica que ha producido.

Efectivamente, nos encontramos ante una manifestación más de una sociedad cada vez más dividida, afectada de un sectarismo dogmático, cuya causa más evidente es la falta de iniciativas políticas novedosas y de calado por parte de la mayoría (¿todos?) los actores en concurso. La ausencia de proyectos e ideas se suple con polémica, desacreditación del adversario y sustitución de la argumentación y el debate constructivo por el insulto y la propaganda negativa.

Eso ocurre, además, en una sociedad con un nivel educativo más bien modesto (por decirlo de un modo caritativo), de cuya formación, intencionadamente, la educación política y ciudadana ha desaparecido por completo. Una sociedad que siente predilección (o, por lo menos, eso parecen creer los productores) por programas televisivos y tertulias radiofónicas donde predominan las mismas constantes: escándalo e insulto-debate, dirigidos por sabelotodos expertos-en-nada. Y omito hablar de la zafiedad y el mal gusto.

Por encima de todo esto, que no es poco, la fiereza con que se planea “acabar” con el PIN parental revela una absoluta  falta de conciencia democrática, una concepción de la vida política excluyente, que considera que las opiniones de los demás no son dignas de respeto ni siquiera para ser juzgadas. Un proyecto político que quiere imponer su modelo a toda la sociedad aún a conciencia que una buena parte de ella no lo comparta. Buena parte o quizás la mayor parte, recuérdese que los actores en el gobierno no cuentan con la mayoría de los votos de la cámara.

Esa es la razón por la cual seguimos sin una Ley de Educación estable, en cuya mejora sea posible trabajar a largo plazo en la confianza de que va a durar más de lo que se mantenga en el gobierno el partido que la promueve, sea del signo que sea. De idéntica manera y, si cabe con mayor gravedad, seguimos sin una concepción compartida de cómo debe estructurarse el estado y un consenso estable sobre sus mecanismos de funcionamiento. Trabajo para políticos hay, ¡y mucho! Lo que falta es talla, coraje, altura de miras y voluntad de consenso. También, no lo olvidemos, unos votantes que estén al nivel, aunque, recordémoslo también, los ciudadanos no pueden sino elegir entre lo que se ofrece.

La actitud del Gobierno en la polémica del PIN hace más fácil entender por qué el bloque que lo configura parece sentir simpatía por los gobernantes secesionistas de Cataluña. Como ellos, espera imponer su proyecto político a toda la sociedad sin que le importe que más de la mitad de la misma no esté de acuerdo. Y, por otra parte, la noticia del modelo educativo elegido por la Ministra Celaá para sus hijas, en ejercicio de su legítima libertad, tiene un sospechoso parecido con lo que ocurre en Cataluña donde, quienes imponen la inmersión lingüística a los escolares, mandan a sus hijos a centros en los que no se aplica.

Lo dicho, síntomas, inquietantes síntomas para cuyo remedio no hay medicina, porque los curanderos son precisamente los principales vehículos de infección.

Antonio Roig Ribé