El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha viajado a Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont. Este encuentro es una clara señal de respaldo al prófugo de Waterloo. La entidad secesionista mantiene su apoyo incondicional al expresidente de la Generalitat.
La visita se enmarca en una estrategia de blanqueamiento. Antich está realizando una ronda de encuentros con expresidentes de la Generalitat. El objetivo es cohesionar al movimiento separatista y reforzar la figura de Puigdemont. El líder fugado sigue siendo el epicentro de la política catalana.
Antich aprovechó su visita para presionar directamente. Exigió la aplicación «inmediata» de la amnistía sobre Puigdemont. También atacó a la judicatura española sin pudor. Acusó a los jueces de practicar un supuesto «obstruccionismo» a la ley. El interés del lobby separatista que encabeza Òmnium es que Puigdemont vuelva a Cataluña lo antes posible para intentar contrarrestar el auge en los sondeos de Silvia Orriols, de Aliança Catalana.
El presidente de Òmnium calificó la situación de Puigdemont como un «exilio cruel, injusto e injustificable». Una retórica dramática que oculta una verdad simple. Puigdemont es un fugado de la justicia. Huyó de sus responsabilidades tras un golpe a la Constitución.
La entidad cultural, tradicionalmente subvencionada, se comporta como un brazo político. Su misión es clara: allanar el camino de vuelta a Puigdemont. Esto es prioritario para el independentismo radical. La amnistía debe ser un salvoconducto rápido.
El PSOE, con sus pactos, se ha convertido en cómplice necesario. El Gobierno de Sánchez ha sacrificado principios básicos por la Moncloa. Ahora debe hacer frente a las presiones constantes de sus socios. La ley se ha convertido en una herramienta política.
La sociedad civil constitucionalista observa con preocupación. Este apoyo público a un prófugo es un desafío. Refuerza la idea de que en España hay ciudadanos de primera y de segunda. La justicia y la igualdad ante la ley están en entredicho.
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