El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha trasladado hace unos días al alcalde Jaume Collboni una propuesta que endurece las condiciones lingüísticas de apertura para los emprendedores. La exigencia es clara: ningún nuevo establecimiento debería subir la persiana si no garantiza la atención en catalán.
Una propuesta que va en consonancia con las políticas municipales de exclusión del español en la capital catalana. Recordemos como el equipo de gobierno de Collboni despidió a varios trabajadores temporales, entre ellos un clarinetista de la banda municipal y el cocinero del alcalde, por no poder acreditar un nivel elevado de catalán. Sin olvidar la política de rotulación de señales, calles y otros elementos municipales de comunicación en la vía pública, que abrumadoramente son en catalán.
Esta medida supone un nuevo paso en la estrategia de fiscalización lingüística que Òmnium intenta imponer en la capital, y de las que Collboni es fiel seguidor. Durante una reunión reciente, Antich instó al ejecutivo del PSC a buscar «fórmulas» legales que obliguen a los comercios a cumplir con una normativa cada vez más rígida. El consistorio se ve así presionado para actuar como brazo ejecutor de las tesis de la entidad.
El pretexto utilizado es el descenso del uso social del catalán, que según las cifras manejadas por la asociación, ha caído un 35% en la ciudad. Sin embargo, este diagnóstico se utiliza para justificar una intervención administrativa que podría complicar aún más la actividad económica en Barcelona. La libertad de empresa queda, una vez más, supeditada a criterios ideológicos.
No es la única exigencia que el equipo de Collboni tiene sobre la mesa. Òmnium también ha reclamado que este año termine con «cero listas de espera» en los cursos de lengua del Consorci per a la Normalització Lingüística. Argumentan que la demanda supera con creces la oferta pública actual, lo que impediría la integración lingüística de los ciudadanos.
La postura de Antich refleja una desconfianza sistemática hacia el bilingüismo real que se vive en las calles de la capital catalana. Al señalar que la lengua carece de la «protección que merece», la entidad busca que la administración municipal tome un rol aúnmás intervencionista. Para Òmnium, la amabilidad y el servicio al cliente no bastan si no pasan por el filtro del idioma oficial preferente.
La insistencia en el control del comercio privado muestra la cara más dogmática del nacionalismo. En lugar de fomentar el uso de la lengua mediante incentivos o promoción, se opta por la vía de la exigencia reglamentaria. Es el modelo de una Cataluña que prefiere la sanción y el control antes que la convivencia natural de sus dos lenguas oficiales.
La connivencia del gobierno municipal ante estas peticiones preocupa a los sectores que defienden una Barcelona abierta. El PSC sigue cediendo parcelas de libertad individual para favorecer el monolingüismo en catalán a costa de la lengua más hablada de los barceloneses, el castellano.
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