El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha propinado un severo varapalo judicial a las tesis del nacionalismo catalán. La corte con sede en Estrasburgo ha inadmitido a trámite la demanda presentada por la entidad separatista Òmnium Cultural. El colectivo separatista pretendía tumbar la sentencia que obliga a impartir un mínimo del 25% de las clases en castellano en el sistema educativo de Cataluña.
La resolución, conocida este jueves, desmonta uno a uno los argumentos del activismo separatista, tradicionalmente consentido por la pasividad del Gobierno central. Los magistrados europeos consideran que introducir una asignatura más en la lengua común de todos los españoles no pone en riesgo ningún ecosistema. Al contrario, el tribunal recuerda que el catalán sigue manteniendo un papel absolutamente preponderante en las aulas.
Òmnium Cultural acudió a Europa alegando una supuesta discriminación y un agravio a la diversidad lingüística de la comunidad autónoma. Intentaron retorcer el Convenio Europeo de Derechos Humanos para blindar un modelo de inmersión monolingüe que excluye el español. Sin embargo, la justicia internacional ha dejado claro que la pretensión de arrinconar la lengua oficial del Estado no encuentra amparo fuera de nuestras fronteras.
El pronunciamiento de Estrasburgo introduce una dosis de lucidez y sentido común en un debate fuertemente ideologizado por la izquierda y el independentismo. Los jueces recuerdan que prohibir el uso del castellano como lengua vehicular privaría a los alumnos de un derecho fundamental. Recibir educación en el idioma de la nación es indispensable para garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio.
La argumentación del tribunal resulta especialmente dura con los desmanes cometidos durante décadas por la Generalitat en materia escolar. El fallo señala explícitamente que el modelo de catalán obligatorio perjudicó de forma significativa a miles de familias. Se refiere tanto a residentes temporales como permanentes, cuyos hijos veían conculcado el derecho y el deber constitucional de dominar la lengua española.
Con esta decisión, la justicia europea valida los criterios de cohesión y el principio de unidad del sistema educativo público de España. Para el tribunal, la cuota del 25% representa una fórmula proporcionada y razonable. Asegura que el Estado ha sabido encontrar un equilibrio óptimo entre la defensa de las lenguas regionales y el derecho indiscutible a estudiar en el idioma mayoritario.
Frente a la constante retórica de la confrontación, el dictamen subraya que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respeta los tratados internacionales. La resolución europea deja en una posición muy delicada al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Durante años, el Palacio de la Moncloa ha mirado hacia otro lado ante los reiterados incumplimientos de las sentencias lingüísticas para no incomodar a sus socios de ERC y Junts.
Queda por ver si el Gobierno de la Generalitat y el Ministerio de Educación acatarán por fin esta realidad jurídica indiscutible. La vía del victimismo nacionalista ha chocado contra el muro del derecho europeo y el sentido común. Tras este pronunciamiento, el cumplimiento estricto del 25% de castellano deja de ser un debate político para convertirse en una obligación democrática inapelable.
En un comunicado, la entidad separatista Òmnium Cultural ha «lamentado» la decisión del tribunal y asegura que «no tiene en cuenta que el modelo lingüístico que hay que aplicar en la escuela catalana emana de una ley del Parlament de Catalunya que cuenta con el apoyo de más del 85%». «Queremos recordar que el modelo de escuela en catalán debe cumplimiento a unas leyes aprobadas por amplísimas mayorías en el Parlament de Catalunya y que es troncal para la construcción permanente de este país y la defensa del catalán»
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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