Los médicos de Cataluña han vuelto a poner en evidencia este miércoles, y lo harán también mañana jueves, el profundo malestar que recorre el sistema sanitario autonómico tras años de gestión errática por parte de la Generalitat. La huelga convocada para reclamar mejoras laborales y un convenio médico propio ha tenido su reflejo en las calles de Barcelona, donde alrededor de un millar de facultativos —según la Guardia Urbana— han marchado por el centro de la ciudad para denunciar lo que consideran el abandono institucional de la sanidad pública catalana.
La protesta, cargada de simbolismo y sarcasmo, ha arrancado ante el Palau de la Generalitat con un irónico minuto de silencio “en recuerdo de la sanidad catalana”, antes de dirigirse al Parlament. Durante el recorrido, los médicos han exigido un «convenio médico ya» y una participación real en las decisiones que afectan a su trabajo diario, hoy monopolizadas por una administración a la que acusan de vivir de espaldas a la realidad asistencial.
Como suele ocurrir en este tipo de conflictos, las cifras de seguimiento reflejan versiones enfrentadas. Mientras el Departament de Salut minimiza el impacto y habla de un 6,5% de participación, los sindicatos convocantes —Metges de Catalunya y el Sindicat de Metges i Metgesses d’Atenció Primària— elevan el seguimiento hasta el 45% en los centros del SISCAT. Una brecha estadística que, más allá de los números, evidencia la falta de credibilidad de la Generalitat ante un colectivo exhausto.
El principal foco de las críticas ha sido la consellera de Salud, Olga Pané, convertida en protagonista involuntaria de la jornada. No pocos manifestantes han lucido mascarillas con su rostro, reclamando una interlocución directa que, según denuncian, sigue sin producirse.
La huelga médica vuelve así a dejar al descubierto las costuras de un modelo sanitario que fue bandera política del nacionalismo catalán y que hoy, entre promesas incumplidas y propaganda institucional, se sostiene gracias al sacrificio de unos profesionales cada vez más hartos de ser ignorados por la Generalitat.
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