El idilio que Salvador Illa pretendía proyectar sobre su gestión sanitaria se ha topado con un muro de batas blancas. Más de mil profesionales del sector se han rebelado abiertamente contra la consellera de Sanidad, Olga Pané. El motivo no es otro que un polémico plan que pretende condicionar la financiación de los Centros de Atención Primaria (CAP) a la reducción de las bajas médicas.
La propuesta de la Generalitat introduce un incentivo perverso: premiar económicamente a los centros que no «excedan» en los días de baja por salud mental o lesiones óseas. Para los profesionales, esto supone un ataque directo a su libertad de prescripción y a la calidad asistencial. No se puede medir la salud de una población con la fría métrica de un ahorro presupuestario que castiga al médico por serlo.
Sindicatos como Metges de Catalunya y entidades como el FoCAP o La Capçalera ya han puesto el grito en el cielo ante lo que consideran una medida coactiva. Bajo el lema «La salud por delante», el manifiesto firmado por un millar de sanitarios recuerda que la baja laboral es, ante todo, un derecho del trabajador. Condicionar fondos públicos a la restricción de este derecho es jugar con fuego en un sistema ya de por sí tensionado.
Los datos que maneja el sector desmienten la tesis de la Conselleria sobre un supuesto abuso sistémico. Los profesionales aclaran que no ha aumentado la duración de las bajas, sino su prevalencia debido al envejecimiento de la población y al aumento de patologías crónicas. Es una realidad demográfica que el Govern de Illa parece querer ignorar para cuadrar sus balances contables.
Resulta especialmente sangrante que se ponga el foco en el «uso indebido» cuando la realidad en los centros es la contraria. El presentismo laboral —ir a trabajar estando enfermo— sigue siendo mucho más frecuente que el fraude en la baja. Al castigar los indicadores de los equipos médicos, el Departamento de Salud corre el riesgo de incentivar que los pacientes acudan a sus puestos sin estar en condiciones.
La medida de la consellera Pané no solo es éticamente cuestionable, sino que amenaza con profundizar la brecha territorial. Los equipos con peores indicadores, a menudo en zonas más deprimidas y con pacientes más envejecidos, podrían perder financiación esencial. Esto generaría una espiral de desigualdad donde los centros que más recursos necesitan acabarían recibiendo menos por cumplir con su deber clínico.
Esta crisis pone de manifiesto la cara B de la gestión de Salvador Illa: una política de escaparate que esconde recortes encubiertos bajo la apariencia de eficiencia. Mientras el President presume de «coger el toro por los cuernos», sus profesionales se sienten señalados y presionados. La confianza entre la administración y los sanitarios, fundamental para el sistema, está hoy seriamente dañada.
La atención primaria, base del sistema público, es la que más sufre este tipo de experimentos contables. En lugar de dotar a los CAP de más medios para reducir las listas de espera, se les impone la carga de actuar como controladores de costes. Es una distorsión de la función médica que antepone el equilibrio financiero a la recuperación terapéutica de los ciudadanos.
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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