Lo confieso. No me gusta hacer regalos a las profesoras en Navidad porque no me gusta añadir reconocimiento a las personas que ejercen su responsabilidad profesional o personal como es debido. Por este motivo, me cuesta enormemente resistirme a agradecer, emocionadamente, a un juez que actúe como tal. Y no lo haré.
De un juez se espera que sea independiente. Sólo eso… y tanto como eso. Ello implica, por un lado, no dejarse contaminar por un debate público omnipresente y que ya ha alcanzado unos niveles técnico-profesionales muy elevados y, por otro lado, ser impermeable a las sugerencias, propuestas o presiones provenientes de otros sectores de poder o, más claramente, de otros poderes.
Este atributo del poder judicial, que lo caracteriza de entre los otros dos, ha estado en juego y la responsabilidad personal, de quien asume una representación tan alta, se ha demostrado.
Al juez no le corresponde la gestión política de las circunstancias que han llevado a la comisión de un delito ni tampoco las consecuencias que de la aplicación de la ley se deriven. Ambos momentos están reservados a otro poder del Estado, el ejecutivo.
Tampoco puede decirse que el Gobierno esté solo en esta tarea política. Cuenta para ello, por una parte, con un marco de legalidad moderno y más flexible que la mayoría de los ordenamientos de nuestro entorno y, por otra parte, cuenta con otra institución democráticamente consagrada, los partidos políticos.
Ahora bien, una vez superado ese momento de oportunidad que califica el acierto y la categoría de sus representantes, es el momento del Estado.
El diseño de separación de poderes permite la defensa de un Estado aunque un Gobierno concreto no haya ejercido sus funciones con acierto y oportunidad. Los secesionistas lo olvidaron. Un Estado es un conjunto de instituciones sólidamente ancladas en nuestros principios democráticos a las que no se puede engañar, burlar o humillar tan fácilmente.
Lamentablemente, llegó su momento y actuaron aplicando la ley con la mano en la balanza y los ojos vendados. Tan vendados como los pueda tener un juez, una persona que conoce las consecuencias de privar a otra de libertad y el sufrimiento de su entorno y que, también, conoce el sufrimiento de toda una sociedad enormemente fracturada, enfrentada por el odio fraterno que, los procesados por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, conscientemente, han sembrado, así como el sufrimiento futuro de las consecuencias de un daño económico gravísimo e innecesario que pagará – como siempre – el sector más débil de la sociedad.
No voy a dar las gracias – y me cuesta mucho – pero lanzaré una pregunta al aire: ¿Alguien imagina qué hubiera sido de nosotros, los catalanes, si el poder judicial se hubiese puesto, también, de perfil?
Irene Alvarez Sánchez
no recibe subvenciones de la Generalitat de Catalunya ni de otros organismos públicos.
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