Es España hace décadas que se comete un grave error: al separatismo no hay que contentarlo para intentar apaciguarle, hay que combatirlo democráticamente. Se le ha de exigir que cumpla las leyes que han aprobado las Cortes, y que han de ser cumplidas por todos los ciudadanos, no según se sea nacionalista o no, como acostumbra a pasar.
Esta es la única manera de evitar que los postulados antidemocráticos del secesionismo se impongan a los derechos civiles de todos los ciudadanos españoles, que hemos de ser libres e iguales.
El totalitarismo secesionista ha de ser combatido por todos los poderes públicos de nuestro país. Poderes que han de velar por la igualdad y el bienestar de todos los españoles. Pero este postulado básico no se cumple, y el separatismo se salta las leyes cuándo y cómo les conviene.
El reciente acuerdo para renovar el gobierno separatista entre ERC y Junts, con el apoyo de los antisistema de la CUP, tiene como eje el exigir al Gobierno de España o un referéndum de autodeterminación o un período de agitación callejera hasta conseguirlo. Ante este nuevo desafío antidemocrático los partidos constitucionalistas han de trabajar unidos.
La presencia del Gobierno de España en Cataluña es cada vez menor, y hay que fortalecerla, en vez de debilitarla aún más. No se puede ceder todo el campo político a un separatismo, el catalán, que ha demostrado con creces su deslealtad.
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