La sombra del radicalismo separatista vuelve a planear con toda crudeza sobre los informes de seguridad europeos. El último documento anual elaborado por la Europol sobre amenazas terroristas ha restituido las referencias al separatismo catalán y vasco, un retorno que evidencia la fragilidad de un Estado sometido de manera constante a las exigencias de sus socios parlamentarios.
Cabe recordar que estas menciones desaparecieron brevemente del radar europeo en 2023, una supresión que en su momento se interpretó como el resultado directo de las presiones ejercidas por formaciones como Junts y Esquerra Republicana sobre el Ejecutivo central de Pedro Sánchez para maquillar la realidad de sus actos.
Este nuevo viraje en los expedientes de la agencia policial europea ha desatado la inmediata reacción de los partidos secesionistas, que lejos de asumir responsabilidades, han optado por contraatacar. Esquerra Republicana ha decidido poner directamente en el punto de mira al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que exigen explicaciones urgentes.
Los socios habituales del Gobierno demuestran así, una vez más, su capacidad de tutela sobre las instituciones del Estado, utilizando la amenaza de la inestabilidad política para doblegar la acción del Ministerio en sede parlamentaria.
Las solicitudes formales de comparecencia ya han sido registradas este miércoles en ambas cámaras legislativas. En el Congreso de los Diputados, la petición lleva la firma del portavoz Gabriel Rufián y del diputado Francesc-Marc Álvaro, mientras que en la Cámara Alta han hecho lo propio la portavoz Sara Bailac y el senador Joan Queralt.
Con este movimiento, los independentistas pretenden someter a un control asfixiante al titular de Interior, exigiendo cuentas por un informe técnico internacional que no hace sino constatar la existencia de redes y dinámicas radicales en su territorio.
El tono de los representantes secesionistas no ha hecho sino evidenciar el clima de confrontación institucional que impera en la política nacional. Joan Queralt no ha dudado en calificar la situación de auténtico «escándalo», recurriendo a declaraciones en redes sociales que rozan la descalificación abierta de los mecanismos de seguridad del Estado.
Más allá del ruido político y las exigencias de los socios del Gobierno, conviene recordar que la metodología actual de la Europol deja poco margen a la improvisación. Los estados miembros, incluido por supuesto el Ejecutivo español, tienen la obligación ineludible de verificar y contrastar toda la información antes de que esta sea finalmente publicada en el informe oficial.
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