The first thing I’ve proposed, if I can return — which [remains] to be seen — is to immerse myself in today’s Catalonia. That is my first intention: to breathe it, to touch it, to listen to it — and see for myself.
📲 Interview with @thetimes: https://t.co/mv6RJRjfSQ pic.twitter.com/9LFcncJmHF
— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) September 20, 2026
El prófugo Carles Puigdemont, uno de los cabecillas del golpe de Estado del 1 de octubre, vuelve a situarse en el centro del tablero político tras conceder una entrevista al diario británico The Sunday Times. Desde su residencia en Waterloo, el expresidente catalán vislumbra un posible regreso a Cataluña coincidiendo con las próximas navidades de 2026. Este horizonte de vuelta no es fruto de la casualidad, sino la consecuencia directa de los pactos de legislatura urdidos por Pedro Sánchez para asegurar su permanencia en La Moncloa. La amnistía se diseñó a la medida de estos dirigentes fugados, alterando los principios básicos de la igualdad ante la ley.
En sus declaraciones a este diario británico, el líder de Junts asegura que priorizará el contacto directo con la calle antes de definir su futuro institucional. Reconoce que la Cataluña actual difiere notablemente de la que abandonó precipitadamente tras el desafío institucional de 2017. Lejos de mostrar autocrítica por la fractura social provocada durante el ‘procés’, Puigdemont mantiene intactos sus dogmas. En la entrevista presume de haber derrotado democráticamente al Estado, ignorando el marco constitucional y las leyes que rigen la convivencia en España.
Sin embargo, sus planes de un retorno triunfal tropiezan todavía con la firmeza de los tribunales ordinarios. El juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, mantiene activa la orden nacional de detención al excluir el delito de malversación de los favores de la ley de amnistía. La estrategia judicial del Ejecutivo central para blanquear los delitos del separatismo choca así con la resistencia del poder judicial. La independencia de los jueces se convierte en el último muro de contención frente a las cesiones políticas del socialismo gobernante.
El futuro judicial de Puigdemont queda ahora en manos del Tribunal Constitucional, cuyos pronunciamientos pendientes determinarán si el encaje legal ideado por el Gobierno de coalición termina por consumarse definitivamente. Mientras tanto, el líder posconvergente especula con su reaparición pública midiendo cada paso. Su intención declarada de recorrer el territorio responde a una táctica electoralista para calibrar su peso real en un panorama político catalán profundamente transformado.
La complacencia con la que el PSOE gestiona estas anomalías democráticas debilita la credibilidad de las instituciones del Estado. Conceder impunidad a cambio de votos parlamentarios empobrece la calidad democrática del país y alimenta la inestabilidad. El posible regreso de Puigdemont simboliza la persistencia de un conflicto que la izquierda ha preferido gestionar mediante el apaciguamiento en lugar de la defensa estricta del Estado de derecho. Las próximas semanas dirán si la justicia prevalece sobre la conveniencia política.
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