El debate sobre el hipotético regreso de Carles Puigdemont a Cataluña no puede hacer olvidar la extrema gravedad de los hechos cometidos en otoño de 2017. Quien lideró un ataque frontal contra la Constitución y el ordenamiento jurídico español no puede eludir la acción de la justicia bajo ningún concepto.
Aquellos acontecimientos supusieron la mayor quiebra institucional de nuestra democracia reciente. No se trató de una simple discrepancia política, sino de una malversación sistemática de fondos públicos para subvertir el marco legal y liquidar la convivencia entre ciudadanos. La respuesta del actual Ejecutivo central, liderado por el Partido Socialista, ha consistido en laminar los principios constitucionales en beneficio propio. La amnistía diseñada a medida para los artífices del procés constituye un cambalache inaceptable que debilita las bases de nuestro Estado de derecho.
Afortunadamente, el poder judicial mantiene los diques de contención necesarios frente al servilismo político. Las resoluciones del Tribunal Supremo y la firmeza de jueces como Pablo Llarena demuestran que la ley todavía rige por encima de la conveniencia partidista de La Moncloa.
Ninguna negociación parlamentaria ni supervivencia en el poder justifica perdonar delitos graves como la malversación y la quiebra del orden constitucional. Convertir a los responsables de aquellos actos en socios preferentes erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y destruye el principio de igualdad ante la ley. La democracia española exige que Puigdemont asuma sus responsabilidades penales y pise la cárcel por sus actos. Solo mediante el cumplimiento íntegro de la ley y el rechazo a cualquier impunidad se podrá restaurar la dignidad institucional que este país merece.
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