La educación en Cataluña atraviesa uno de sus momentos más oscuros. Tras años de experimentos pedagógicos y dogmatismo ideológico impulsados por las fuerzas progresistas, los resultados académicos han tocado fondo. Ante este escenario crítico, Oriol Junqueras ha reaparecido para proponer lo que califica como un «gran acuerdo de país».
El presidente de Esquerra Republicana ha sugerido en Catalunya Ràdio dejar la gestión del Departament d’Educació en manos de un equipo de expertos. Esta cúpula técnica, según su planteamiento, debería pilotar la enseñanza catalana durante un periodo ininterrumpido de doce años. Además, la propuesta contempla un presupuesto blindado, al margen de las alternancias políticas en la Generalitat.
Resulta paradójico que sea precisamente el líder separatista quien reclame ahora estabilidad y profesionalidad en las aulas. Esquerra ha ocupado responsabilidades clave en la política catalana durante la última década. Atribuir el desastre educativo a dinámicas ajenas obvia la responsabilidad directa de sus propias recetas ideológicas.
La realidad del sistema escolar catalán es descorazonadora para familias y profesores. El deterioro del nivel académico ha dejado de ser una percepción para convertirse en una certeza objetiva. El abandono de la exigencia académica y la erosión de la autoridad docente han dinamitado la calidad del modelo público.
Las palabras de Junqueras coinciden con un nuevo bochorno institucional en las administraciones públicas. La propia consejería admitió recientemente una grave incidencia en la recogida de datos del informe PISA. Este fallo administrativo impide evaluar con rigor la evolución real de los alumnos catalanes frente a otros territorios.
A la debacle metodológica y la imposición de la inmersión lingüística en catalán que perjudica a centenares de miles de niños castellanoparlantes se suma el clima de conflictividad permanente que asfixia a los centros escolares. Las huelgas masivas de docentes y los paros convocados por los sindicatos han marcado el ritmo de los últimos cursos. El descontento de los profesores evidencia la fractura abierta entre los despachos autonómicos y las aulas.
En su intervención radiofónica, el dirigente republicano criticó la constante modificación de leyes educativas y el baile incesante de consejeros. Argumentó que el sector necesita tiempo y prioridades claras para consolidar reformas. Sin embargo, omitió que han sido los propios socios de la izquierda quienes han promovido esa inestabilidad legislativa.
El plan diseñado por ERC pretende acotar el consenso a formaciones únicamente «catalanistas» y agentes sociales afines. La izquierda vuelve a invocar el acuerdo de país solo cuando encaja en sus propios esquemas políticos. Excluir alternativas de centro y derecha solo perpetúa las mismas políticas que han conducido al colapso.
La idea de externalizar la gestión a un comité de especialistas durante doce años parece un intento de diluir culpas. Delegar la responsabilidad del fracaso en una mesa técnica permite al independentismo eludir la rendición de cuentas. Las decisiones públicas deben ser asumidas directamente por quienes ostentan el poder.
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