La gestión migratoria en España vuelve a evidenciar las fracturas internas del bloque multipartidista que sostiene al Ejecutivo nacional. Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha reafirmado con dureza su veto al reparto de menores no acompañados procedentes de la reciente crisis en Ceuta.
El discurso neoconvergente deja al descubierto la falta de autoridad del Gobierno central en la custodia de las fronteras. Para la formación separatista, el Estado incurre en una «negligencia» estructural al promover regularizaciones masivas sin capacidad real de control.
Cataluña, según denuncian desde las filas neoconvergentes, soporta desde hace años un colapso sistemático en sus servicios públicos debido a un reparto desigual. Sin embargo, el dardo de Nogueras no se dirige únicamente a Madrid, sino también al Palau de la Generalitat. La portavoz ha cargado con severidad contra Salvador Illa, a quien acusa de anteponer la propaganda y la búsqueda de titulares a una gestión rigurosa.
Desde la óptica de la derecha nacionalista, resulta incoherente exhibir una falsa solidaridad mientras la red de asistencia en Cataluña opera bajo condiciones precarias. Nogueras argumenta que no se pueden ofrecer a menores extranjeros unas garantías que jamás se aceptarían para los propios ciudadanos.
En este complejo escenario, el trasfondo real responde al cálculo político e ideológico. Junts exige de forma tajante el traspaso de las competencias integrales en inmigración como condición irrenunciable para cualquier diálogo parlamentario.
El partido de Puigdemont defiende que el marco cerrado tras la crisis de Canarias sigue plenamente vigente y no contempla excepciones. Con este argumento, cierran de manera categórica la puerta a la llegada de nuevos menores desde Ceuta.
Los siete diputados de Junts en la Cámara Baja vuelven a convertirse en el cuello de botella decisivo para la estabilidad parlamentaria. El partido deja claro que usará ese poder de bloqueo para impedir cualquier alteración de los acuerdos previos.
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