El PSC se ha convertido en el agente normalizador, o blanqueador, de las principales barbaridades que, desde hace años, se viven en Cataluña. La última ha sido el permitir en Granollers, uno de los feudos socialistas de las segunda corona metropolitana, un taller de guerrilla urbana durante la fiesta mayor en el que se incitaba a chavales y jóvenes a lanzar objetos – que simbolizaban cócteles molotov – a un muñeco caracterizado como un policía.
Las excusas del equipo de gobierno municipal socialista son las de siempre, que no es cosa suya, que no lo sabían… como si la elaboración del programa de la fiesta mayor de una localidad como Granollers – más de 60.000 habitantes – no fuera supervisado por el concejal y los asesores – políticos – del ramo. Máxime cuando se dio publicidad por los canales oficiales del consistorio.
Lo sabían, esperaban que pasara desapercibido y que los radicales que organizaron el ‘taller’ quedarían ‘contentos’ con la alcaldesa. Así funciona la política municipal, ir ganando voto a voto a lo largo de cuatro años seduciendo a los vecinos. Y es que el PSC lo permite todo si consigue cuotas de poder. Por eso gobierna en docenas de municipios con partidos separatistas que incumplen la ley de banderas, mientras que el delegado del Gobierno en Cataluña, también del PSC, hace caso omiso de su obligación de hacer cumplir esta ley.
Por la misma razón pactó con ERC y Junts en 2021 la composición del consejo de administración del ente que dirige TV3 y Catalunya Ràdio. El PSC no exigió que se dejara de hablar de «exiliados» o «presos políticos» en los informativos y en los programas de actualidad. Ni siquiera exigió que el tono separatista de muchos de sus presentadores y redactores se rebajara, para no ofender a la mitad de Cataluña que paga TV3, pero no es independentista y no se ve reflejada en la cadena. Solo pactó un ‘mejor trato’ con los dirigentes socialistas en la parrilla de la televisión de la Generalitat.
Y de ahí que Salvador Illa pactara con Junts, ERC y la CUP apoyar los decretos de la Generalitat para burlar la sentencia del 25%, aunque fuera a costa de violar los derechos lingüísticos de los catalanes castellanoparlantes. O que Jaume Collboni despida a trabajadores temporales del Ayuntamiento de Barcelona por no tener un certificado que acredite el dominio del catalán – entre ellos su cocinero, un clarinetista y trabajadores de la limpieza -. O que instituciones controladas por los socialistas subvenciones a Plataforma per la Llengua, la entidad hispanófoba que espiaba en que lengua hablaban los niños en los patios – sin informar a sus padres -.
El PSC también ha normalizado el uso del término «Països Catalans», altamente ofensivo para valencianos, baleares y aragoneses, como recientemente denunció Carlos Mazón, el presidente de la Comunitat Valenciana. El verdadero peligro para la convivencia en Cataluña no es el prófugo Carles Puigdemont o el decadente Oriol Junqueras. Es Salvador Illa, que sigue acumulando poder para el PSC, el auténtico riesgo para los catalanes no separatistas que creemos que España es nuestra nación.
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