El separatismo, sobre todo el catalán, es un gran especialista a la hora de buscar enemigos exteriores en el que fijar la atención de sus adeptos, y así intentar desviar la atención de sus errores y de su nula capacidad de gestión.
El Rey Felipe VI se ha convertido, a partir de su valiente defensa del Estado de derecho en su discurso del 3 de octubre de 2017, en el gran objetivo a derrocar. Le han puesto el sambenito de «monarca antidemocrático» y así tapan la auténtica «antidemocracia», la que practican Quim Torra y Oriol Junqueras despreciando los derechos cívicos de millones de catalanes que se sienten españoles.
Los desprecios que el Jefe de Estado ha sufrido por parte del gobierno autonómico catalán han sido incontables, como cuando hace unos días Torra y sus consejeros plantaron a Felipe VI en su visita al Monasterio de Poblet. El respeto institucional es despreciado por una Generalitat que ha perdido el norte.
Otro ejemplo de uso de la monarquía como elemento de distracción lo tenemos en los presuntos comportamientos irregulares de Juan Carlos I. Si el Rey emérito la ha hecho, que la pague, y si se demuestra que ha cometido algún delito, que reciba el reproche legal, o social, que sea menester.
Pero al separatismo catalán no le preocupa el uso irregular de fondos públicos, porque cada día ERC y JxCAT tira el dinero en chiringuitos secesionistas que no aportan nada al bienestar de los catalanes. Ni la lucha contra la corrupción, porque hablan mucho de Juan Carlos I, pero muy poco de la familia Pujol.
No tienen remedio. La única manera de acabar con sus mentiras y sus manipulaciones es desalojarles democráticamente del poder del que abusan cada día.
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