El hundimiento definitivo de la nave nodriza del nacionalismo catalán cumple una década. Aquel julio de dos mil dieciséis, Convergència Democràtica de Catalunya bajó la persiana lastrada por la confesión de evasión fiscal de su fundador, Jordi Pujol, y el cerco judicial de la corrupción. La formación que había gobernado Cataluña durante décadas con mano de hierro y apariencia de orden se disolvió de prisa, avergonzada y acosada por el proceso separatista que ella misma había desatado.
La refundación inmediata bajo las siglas del PDeCAT pretendía salvar los muebles de la vieja burguesía catalana, pero el invento duró poco. El espacio político tradicional de centro-derecha catalán inició un viaje hacia la radicalidad estéril, entregando el timón a perfiles alejados de la gestión eficiente. En estos diez años, las disputas internas y las sucesivas mutaciones de siglas solo han servido para dinamitar la herencia del pragmatismo convergente.
El punto álgido de este despropósito se vivió hace cuatro años con la traumática ruptura del Gobierno de la Generalitat. En una decisión insólita, la militancia de Junts per Catalunya forzó la salida del Ejecutivo de coalición que compartían con Esquerra Republicana. Aquel portazo institucional, motivado por puras cuitas de poder, evidenció la preocupante falta de sentido de Estado de los nuevos dirigentes.
La salida abrupta de la Generalitat no solo dejó al separatismo en una posición de debilidad parlamentaria extrema, sino que provocó un auténtico terremoto económico interno. Decenas de altos cargos, asesores y cuadros técnicos de la formación perdieron sus puestos de trabajo en la Administración pública catalana de la noche a la mañana. El partido sacrificó la influencia real y los presupuestos a cambio de mantener una retórica de confrontación estéril.
Mientras los herederos de las siglas se perdían en el desierto de la radicalidad, la figura de Jordi Pujol iniciaba una sorprendente rehabilitación pública. El expresidente catalán había pasado años en el ostracismo más absoluto, repudiado incluso por los suyos tras admitir su fortuna oculta en Andorra. Sin embargo, el paso del tiempo y las necesidades electorales de Junts han vuelto a poner de moda el viejo legado de La Moncloa de los años ochenta.
La decisión de la Audiencia Nacional de exonerar al anciano mandatario del juicio por presunta organización criminal debido a motivos médicos aceleró este proceso de blanqueamiento. Con la tranquilidad de evitar el banquillo, el pujolismo ha vuelto a salir a la luz pública sin complejos. La paradoja actual es que el principal defensor de esa herencia política no milita en las filas separatistas, sino en el socialismo gubernamental.
Salvador Illa ha entendido a la perfección el enorme vacío político dejado por la desaparición de la Convergència sensata y centrada en los negocios. El actual presidente de la Generalitat no ha dudado en elogiar abiertamente el papel histórico de aquel partido en la construcción de la Cataluña moderna.
El cortejo de los socialistas al viejo régimen nacionalista se ha traducido en gestos institucionales de gran calado en los últimos meses. Illa recibió formalmente a Jordi Pujol en el Palau de la Generalitat, un honor vetado durante años para evitar la fotografía de la sospecha. Este encuentro en la sede del Gobierno autonómico escenificó la reconciliación oficial de la izquierda gobernante con el padre del nacionalismo.
Aquel encuentro no fue un hecho aislado, sino la confirmación de una aproximación que ya se venía fraguando desde finales del año pasado en recepciones discretas en el Palau de Pedralbes. El PSC busca de manera descarada ocupar el espacio de gestión económica y estabilidad que un día representó el pujolismo. Mientras tanto, los actuales dirigentes de Junts contemplan con impotencia cómo la izquierda les arrebata sus banderas históricas
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