La normalidad escolar en Cataluña vuelve a quedar en entredicho antes incluso de que se abran las aulas. La Assemblea Educativa de Catalunya (AEC) ha oficializado la convocatoria de una jornada de huelga en los centros públicos para el primer día del curso 2026/27. La comunidad educativa vinculada al separatismo responde así con un duro revés a la gestión de Salvador Illa al frente de la Generalitat, prometiendo un arranque del año escolar sumamente conflictivo.
La decisión, fraguada tras un encuentro este sábado en Sant Celoni, cuenta con el respaldo explícito de los principales sindicatos de la enseñanza, entre ellos USTEC, CGT y la Intersindical. Las organizaciones han decidido no dar tregua al Departament d’Educació, desmintiendo de forma tajante los mensajes de tranquilidad que se intentan transmitir desde la administración autonómica.
Desde el entorno de la asamblea se critica la desconexión del Ejecutivo socialista con la realidad de las aulas, acusando a los responsables políticos de ignorar las necesidades que afectan desde la educación infantil hasta la formación profesional. Las fuerzas sindicales, todas ellas cercanas al separatismo, argumentan que los parches ofrecidos hasta ahora no resuelven el deterioro estructural que arrastra el sistema público desde hace años.
El detonante de este nuevo escenario de confrontación fue el rechazo masivo de las bases, a principios de junio, a un preacuerdo alcanzado entre Educación y los sindicatos. Los docentes tumbaron el documento al considerar que la Generalitat se limitaba a ofrecer mejoras salariales cosméticas, obviando de manera deliberada el aumento de recursos materiales y humanos sobre el terreno. La movilización busca blindar de forma estricta el modelo lingüístico catalán como lengua vehicular frente a cualquier interferencia jurídica.
El colectivo también exige por ley una financiación equivalente al 6% del Producto Interior Bruto (PIB) para la educación, una promesa largamente aplazada por los diferentes gobiernos de turno. Asimismo, el profesorado reclama una bajada de ratios efectiva y mucho más rápida de la planificada, con el objetivo de reducir el número de alumnos por aula. A esto se suma la exigencia de frenar el cierre de líneas y grupos en la red pública, una medida que, según denuncian, favorece la masificación de los centros restantes.
La falta de personal especializado para atender a la escuela inclusiva se mantiene como otro de los grandes puntos de fricción. Los sindicatos insisten en que la integración en las aulas es inviable sin un incremento presupuestario que dote a los colegios de los profesionales terapéuticos y de apoyo necesarios.
Por otro lado, la precariedad de las infraestructuras escolares ante las sucesivas olas de calor ha entrado de lleno en la agenda de reivindicaciones. El sector exige un plan urgente de climatización y modernización de unos edificios que consideran obsoletos para hacer frente a las exigencias climáticas actuales.
Ante la inminencia del paro, el comité de huelga ha urgido a la Generalitat a convocar una mesa de negociación inmediata para evitar el colapso del 8 de septiembre. La pelota queda ahora en el tejado de un Departament d’Educació cuya capacidad de gestión e interlocución vuelve a quedar bajo la lupa de la opinión pública.
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