El proceso judicial contra el clan Pujol ha dado un giro definitivo este lunes en la Audiencia Nacional. El tribunal ha anunciado formalmente que dictará el sobreseimiento libre para Jordi Pujol Soley. La decisión se fundamenta en la falta de capacidad cognitiva y de defensa del veterano político. A sus 95 años, el que fuera el hombre fuerte de Cataluña, y defraudador fiscal, queda fuera del banquillo de los acusados.
La resolución llega tras un examen personal realizado por el tribunal en Madrid hace apenas dos semanas. El magistrado José Ricardo de Prada confirmó verbalmente que el expresidente ya no está en condiciones de afrontar un juicio penal. Curiosamente, unos días antes no tuvo ningún problema en votar en las elecciones del Fútbol Club Barcelona, compareciendo junto al candidato Joan Laporta. Esta decisión supone, en la práctica, el fin de la responsabilidad penal para el fundador de Convergència. Sin embargo, el alivio para el patriarca no se extiende al resto de su familia.
La Fiscalía Anticorrupción no ha rebajado ni un ápice su presión sobre los descendientes del «Molt Honorable». El fiscal Fernando Bermejo mantiene peticiones de cárcel que suman décadas para los siete hermanos. El hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, sigue siendo el principal objetivo con una solicitud de 29 años de prisión. Para Josep Pujol, el Ministerio Público reclama 14 años, mientras que para los otros cinco hermanos pide ocho años a cada uno.
El relato acusatorio dibuja una estructura que la Fiscalía califica abiertamente como asociación ilícita. Se sostiene que la familia aprovechó la posición de poder del padre para tejer una red de cobro de comisiones. Aunque no se han acreditado adjudicaciones directas concretas, el flujo de dinero hacia Andorra marca el eje de la acusación. El blanqueo de capitales es el delito común que sobrevuela sobre todos los miembros del clan.
La defensa de la familia siempre ha intentado desvincular la fortuna de la actividad política del expresidente. Argumentan que el origen del dinero es un «legado» familiar no declarado del abuelo Florenci, padre de Jordi Pujol. Sin embargo, para la Fiscalía, esa explicación carece de sustento documental y oculta una operativa sistemática de corrupción. El juicio deberá dirimir si el clan funcionó realmente como una organización jerarquizada para el lucro personal.
En definitiva, Jordi Pujol evita la condena gracias a su estado de salud, pero su legado político queda irremediablemente manchado. La Audiencia Nacional pone punto final a la persecución penal del líder, pero mantiene el cerco sobre su sistema. El veredicto final sobre los hijos determinará si el «pujolismo» fue solo un proyecto político o también un negocio familiar. La sociedad española espera, al menos, que se aclare el destino de los fondos evadidos durante años.
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