La Justicia ha bajado el telón para Jordi Pujol i Soley de la forma más amarga para el Estado de Derecho. A sus 95 años, el hombre que moldeó la Cataluña separatista moderna no responderá por el presunto saqueo sistemático de las instituciones. El magistrado Ricardo de Prada ha firmado su exoneración basándose en un «deterioro cognitivo» que le impide defenderse.
Esta decisión anula cualquier posibilidad de ver al patriarca rindiendo cuentas ante la Audiencia Nacional. Tras décadas de sospechas sobre la fortuna familiar, el proceso judicial se queda sin su pieza maestra. La evaluación médica y forense ha sido determinante para concluir que el ex president ya no es dueño de sus facultades.
La Fiscalía Anticorrupción solicitaba para él nueve años de prisión por delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. Se desvanece así la condena de quien fue acusado de liderar una organización dedicada al enriquecimiento ilícito. El «oasis catalán», que el pujolismo gestionó con mano de hierro, evita hoy su sentencia definitiva.
Resulta inevitable observar este desenlace con un profundo escepticismo ciudadano. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez sigue haciendo equilibrios con el nacionalismo para mantenerse en el poder, los símbolos de la corrupción sistémica en Cataluña se marchan a casa sin juicio. La impunidad biológica se impone a la acción de la Justicia.
A pesar de la salida de escena del patriarca, la causa no se detiene para el resto de la estirpe. Sus siete hijos continúan imputados y deberán afrontar el juicio por haber utilizado presuntamente su posición política para lucrarse. El clan se queda sin su referente en el banquillo, pero el sumario sobre su fortuna oculta sigue vivo.
La Audiencia Nacional ya intentó suavizar el proceso permitiendo comparecencias por videoconferencia. Los problemas de salud de Pujol, agravados tras una neumonía reciente, han sido el argumento final para su retirada definitiva. El tribunal ha considerado que su estado es irreversible y no apto para las exigencias de una vista oral.
El mensaje que recibe la sociedad es desolador: el tiempo es el mejor aliado de quienes burlan la ley. La demora judicial en España ha permitido que un caso de esta magnitud se resuelva en un despacho médico y no en una sala de justicia. Pujol se escabulle sin que una sentencia aclare el origen de sus millones.
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