La investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre una presunta trama vinculada al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha incorporado nuevas referencias al macroproyecto Hard Rock de Tarragona. Según el juez José Luis Calama, la red investigada podría haber pactado una comisión del 3% relacionada con la construcción del complejo turístico y de ocio previsto entre Salou y Vila-seca, una iniciativa valorada en unos 2.000 millones de euros.
La causa apunta a posibles acuerdos entre el Grupo Aldesa y sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez, empresario próximo a Zapatero y considerado una pieza clave de la investigación. Los documentos analizados por los investigadores incluyen contratos de intermediación firmados con la sociedad Idella Consulenza Strategica, propiedad de Martínez, donde se fijaba inicialmente una remuneración de entre el 1% y el 3%, porcentaje que posteriormente habría quedado establecido en el 3%. El amigo del expresidente Zapatero se podría haber conseguido una comisión de unos 60 millones de euros si el complejo turístico se hubiera realizado.
El juez sostiene que la estructura investigada habría utilizado sociedades y contratos de asesoramiento para canalizar pagos y ocultar presuntas comisiones. Entre las pruebas incorporadas a la causa figuran conversaciones entre directivos de Aldesa y miembros de la trama, así como borradores contractuales en los que se pidió eliminar expresamente el término “comisión”.
La investigación también analiza los vínculos entre estas operaciones y otras sociedades relacionadas con el entorno del expresidente. Según la Audiencia Nacional, parte de los fondos investigados habrían terminado en empresas vinculadas a Zapatero y a su entorno familiar. El magistrado ha ordenado el bloqueo de cuentas bancarias del exdirigente socialista hasta el límite de los importes presuntamente recibidos.
El proyecto Hard Rock fue uno de los principales focos de tensión política en Catalunya durante la pasada legislatura. El desacuerdo entre PSC y Comuns sobre el futuro del macrocomplejo acabó influyendo en la negociación de los presupuestos de la Generalitat y contribuyó al adelanto electoral de 2024.
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