Llibertats, que se define como la “asociación de juristas catalanes en defensa del Estado de derecho y la democracia”, ha denunciado “las graves contradicciones existentes en las declaraciones que realizaron la semana pasada el Sr. Artur Mas y el President de la Generalitat Carles Puigdemont, en las que ponían de manifiesto el supuesto grave atentado que representa para el Estado de derecho el que se intente juzgar nuevamente por el Tribunal de Cuentas a quien ha sido ya condenado en vía penal”.
Según esta entidad cívica “estas contradicciones se ponen de manifiesto en otros procesos seguidos ante el mismo Tribunal de Cuentas, en los que administraciones gobernadas por el PDeCAT actuaban como demandantes, y en los que han defendido, al contrario de lo que hacen ahora, la compatibilidad de ambos procedimientos, tal como por otro lado establece el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas”.
Este grupo de juristas argumenta que “en este sentido, la semana pasada se hizo pública la sentencia del procedimiento que se inició por demanda del Ayuntamiento de Reus, gobernado por el PDeCAT, contra el anterior alcalde y los responsables de INNOVA. En dicho procedimiento el Ayuntamiento de Reus defendió la compatibilidad del proceso penal que se sigue en el Juzgado de Instrucción 3 de Reus y en el que están imputados los demandados, y el procedimiento promovido ante el Tribunal de Cuentas, argumento que es acogido en el fundamento de derecho segundo de la sentencia”.
“Asimismo, y ante las declaraciones realizadas el pasado domingo por el actual portavoz del Govern de la Generalitat Jordi Turull, en las que dice lamentar que el Gobierno español ponga en el punto de mira a los interventores y otros funcionarios de la Generalitat, y en las que asegura que los miembros del Govern catalán asumen todas las responsabilidades derivadas de la convocatoria del 1º de octubre, no podemos dejar de recordar que, en el proceso que actualmente se sigue ante el Tribunal de Cuentas con motivo de la consulta del 9-N, en el que inicialmente se enjuiciaba la actuación de los políticos del PDeCat, Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau, la ampliación de denuncia y subsiguiente investigación de la actuación de los interventores de la Generalitat ha venido precisamente propiciada por el hecho de que, en las alegaciones realizadas en dicho proceso por la Generalitat de Catalunya para intentar exculpar a los reseñados dirigentes políticos, uno de los argumentos utilizados para eludir su responsabilidad es el hecho de que los gastos vinculados con la consulta fueron debidamente fiscalizados y aprobados por los funcionarios de la Intervención“.
“Esto es, la propia Generalitat, pretendiendo exculpar a sus dirigentes políticos, ha comprometido y propiciado que se inculpe a sus funcionarios”.
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