La informática ha sido uno de los grandes avances en la historia de la humanidad donde las comunicaciones se suceden de punta a punta del planeta en pocos milisegundos. Millones de datos por segundo se mueven por las redes, de contenido variado; imágenes, vídeos, texto, programas, webs… esa es la revolución de internet, mover una gran cantidad de datos a una gran distancia en un tiempo mínimo.
Y tal magnitud de datos que circulan en la ciberespacio hace necesario el control de los mismos para evitar ilegalidades de igual manera que se hace en el mundo terrenal. En el mundo virtual existen múltiples amenazas que vulneran los derechos de las personas y atacan a servidores de empresas e instituciones, mediante virus, hackers, suplantaciones de identidad, ciberacoso, o algo tan de actualidad como el uso de datos personales para realizar referéndums ilegales e intentar dar un golpe a la democracia, como ha sucedido en Cataluña.
Y con ese fin se creó el CTTI. Un organismo dependiente de la Generalitat de Catalunya que cuenta con un presupuesto de más de 400 millones de euros y teóricamente debería ser el encargado de velar por la protección de los datos personales de todos los catalanes.
Este organismo tiene alrededor de 600 empleados, de los cuales únicamente 38 están en plantilla y el resto son de empresas externas. Que con más de 400 millones de euros de presupuesto sólo tenga 38 personas en plantilla ya da qué pensar.
No obstante, a raíz del juicio contra los que pretendieron la forzada separación de Cataluña del resto de España al margen de toda legalidad, hemos podido confirmar lo que muchos sospechábamos, que habría sido un engranaje clave, una pieza esencial en la perpetración del golpe, que habría facilitado la estructura informática necesaria para replicar webs ilegales que vulnerarían la Ley de Protección de datos al poder contener los datos personales de todos los catalanes con el que elaborarían un censo ilegal, con el fin de poderlo usar en un proceso sin garantías, ilegal y orquestado desde un Govern golpista que pisotearía los derechos de todos los catalanes los días 6 y 7 de septiembre. Dicho papel esencial es el que parece haber motivado que su máximo responsable, Jordi Puigneró haya sido premiado al crearle una Conselleria a medida.
Hace pocos días salieron a la luz las piruetas legales que habrían realizado durante el golpe a la democracia en 2017. Se buscaron dos informáticos para elaborar el software para el 1 de Octubre de manera “semioficial”, ya que habrían recibido el encargo de los dirigentes golpistas pero no les sería posible realizar el pago porque en aquel entonces las cuentas de la Generalitat estaban bloqueadas. Así que se habría pretendido pagar 500.000€ a estos dos informáticos sin explicar la procedencia, algo muy típico del partido del 3%.
Por otro lado, también ha salido a la luz que Puigdemont en su labor de jefe golpista, habría ideado un plan para recaudar las pensiones de los catalanes y apoderarse de las cotizaciones de los trabajadores, de manera unilateral y forzosa después de realizar la declaración unilateral de independencia con la ayuda necesaria del CTTI que habría realizado la estructura informática necesaria para poder hacerse con los datos de Hacienda.
Pero las cloacas del CTTI van más allá. Según van pasando los días vamos conociendo hechos ocurridos en la época de Artur Mas, donde empresarios afines a Convergència habrían obtenido contratos millonarios a costa de los catalanes incluidos el cuñado y una sobrina de Mas que podrían haberse beneficiado de contratos millonarios en el sector de la informática con cantidades superiores a 400M€ y 52M€ respectivamente.
Nuestras sospechas no eran infundadas, las cuentas no salen con un presupuesto desorbitado mientras el Govern y dirigentes separatistas están bajo la sospecha de la corrupción, habiendo sido expulsados del grupo liberal europeo justamente por corrupción.
Suerte que vivimos en un país democrático de la Europa del siglo XXI y se aplicó la Constitución para garantizar el cumplimiento de la Ley en Cataluña, ya que Puigdemont podría haberse salido con la suya y separarnos del resto de España.
Alfonso Sánchez es diputado de Cs en el Parlament
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