Las arcas ni con Noé

Los socialistas tienen un mal endémico. Cuando gobiernan hacen de la lealtad un dogma, cuando no lo hacen un sofisma. Ser leal es apoyar a quien por su actuación se ha ganado el apoyo. Nuestro gobierno lo único que ha hecho es perderlo por no decir la verdad. Y a continuación me extiendo.

La vertiente jurídica de la crisis sanitaria que padecemos merece mucha mayor reflexión de la que el Gobierno está haciendo y con un puro afán divulgativo y no pormenorizador escribo estas líneas.

Cualquier medida intensamente restrictiva que afecte a la ciudadanía en su conjunto no puede ser adoptada por el poder ejecutivo o por una autoridad administrativa sin respaldo legal.

Y eso es distinto de una decisión que afecte a una persona en particular cuando su caso es resuelto por la autoridad judicial que decide el ingreso forzoso de un ciudadano, tras la oportuna comparecencia de su abogado y el Ministerio Fiscal, en los casos previstos legalmente.

Esa situación ya está prevista en nuestro ordenamiento jurídico y nuestros juzgados y tribunales las adoptan todos los días.

Sin embargo, el cariz es otro cuando se trata de una medida o decisión colectiva porque el control judicial en la instancia es difuso, impreciso e inviable.

Precisamente por ello el artículo 116 de la Constitución que regula los estados excepcionales de alarma, excepción y sitio y la ley orgánica que lo desarrolla contempla con cierta claridad los distintos supuestos.

En el estado de alarma actual un confinamiento masivo y forzoso, las mal llamadas “Arcas de Noé”, es inconstitucional y lesivo para los derechos y libertades fundamentales.
Una decisión tan trascendente sólo puede contemplarla una ley con rango de orgánica y lógicamente aprobada por el poder legislativo, es decir, las Cortes Generales, con la necesaria mayoría cualificada que requiere dicha legislación.

Y para ello deberíamos pasar del estado de alarma al estado de excepción sin ambages. Sucede que eso al Gobierno no le interesa porque debe someter su gestión al control parlamentario del Congreso con exhaustividad.

Estamos viendo cómo el actual ejecutivo rehúye esa fiscalización por temor a evidenciar sus carencias y errores de bulto en los que ha incurrido.

Es lógica la dificultad que para los españoles supone afrontar una situación tan dramática y es bueno que tengamos un conocimiento cabal de cómo pueden verse limitados o suspendidos nuestros derechos fundamentales.

Es cierto que se nos plantea un importante conflicto jurídico. Están colisionando derechos del más alto rango. El derecho a la vida y a la protección de la salud, el derecho a la libertad de movimientos, el derecho a la información, el derecho a la educación, a la libertad de empresa, junto con la protección del interés general, salvajemente agredido por un virus letal que se ha llevado por delante la vida de los más necesitados de protección integral, nuestros mayores.

Pero dicha situación conflictiva no puede arrostrarse con temor, desconocimiento o actitudes de sometimiento general a lo que diga el poder si este actúa con un criterio equivocado, ambivalente o errático.

Yo quiero contribuir modestamente a la salida de este drama pero quiero hacerlo con pleno conocimiento y garantías. Si eso es deslealtad por no decir amén a todo lo que nos dice el Gobierno y sus medios, se confunden los términos. Ser leal es apoyar a quien por su actuación se ha ganado el apoyo, y el nuestro lo único que ha hecho es perderlos por no decir la verdad.

No nos demonicen, no nos estigmaticen, no nos acusen de ser traidores por criticarles, esa es una mordaza que en democracia y cuando te juegas la vida no puede tolerarse aunque sea por razones de salud pública y de interés general.

Sergio Santamaría

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