Tras la celebración de elecciones generales en España el 23 de julio de 2023 se ha abierto en mi país la posibilidad de una Ley de Amnistía que deje sin efecto la Sentencia del Tribunal Supremo Español que condenó a los líderes separatistas catalanes por un delito de sedición y otros, atentatorio de nuestro ordenamiento constitucional por cuanto sus autores pusieron en peligro la integridad territorial del Estado, de los que posteriormente fueron indultados parcialmente por el Gobierno de España.
Sigue habiendo una causa abierta en nuestro Alto Tribunal contra Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española, que no ha podido ser juzgado por los mismos hechos y que en la actualidad se encuentra negociando con el Gobierno en funciones, una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación para Cataluña que la separe del resto de España.
Y esa cercana posibilidad que permitiría reeditar un Ejecutivo de coalición de izquierdas en mi país, para posteriormente implementar esas exigencias independentistas, compromete seriamente la integridad territorial de España como Estado miembro de la Unión Europea, en clara contravención del artículo 21.2 del Tratado de la Unión Europea que dice textualmente: «La Unión definirá y ejecutará políticas comunes y acciones y se esforzará por lograr un alto grado de cooperación en todos los ámbitos de las relaciones internacionales con el fin de; a) defender sus valores, intereses fundamentales, seguridad independencia e integridad; (…). Resulta evidente que la posición de la Unión y de sus Estados a favor del respeto de la unidad nacional e integridad territorial, es un factor político considerable para frenar o disuadir de los atentados a la integridad territorial en violación del derecho interno e internacional.
La Constitución Española afirma que la soberanía nacional reside en el pueblo español (art. 1.2) y refiere a la indisoluble unidad de la Nación española (art. 2), encomendando a las Fuerzas Armadas garantizar la soberanía e independencia y defender su integridad territorial (art. 8). Son varias disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la UE las que nos recuerdan ese derecho del Estado miembro a su autoconservación cuando las funciones esenciales del Estado son atacadas o se ven amenazadas (arts. 36, 45, 52, 65, 72, 346 y 347 del TFUE. El artículo 4.2 TUE establece la obligación de respeto de la propia UE a la integridad territorial de sus miembros llevando a cabo actuaciones políticas o normativas que la protejan.
La obligación de respeto a la integridad territorial y el derecho a defenderla no es un principio propio de la UE sino que lo es de alcance universal, propio del Derecho Internacional General, aceptado por los Estados y la práctica institucional de la ONU y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. La Resolución 2625/1970 desarrolla y concreta el contenido jurídico de los principios del Derecho Internacional declarando que la integridad territorial y la independencia política del Estado son inviolables. Todo intento de quebrantar parcial o totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un Estado o país o su independencia política es incompatible con los propósitos y principios de la Carta. Remarca a su vez el derecho de todo Estado a la igualdad jurídica, a la integridad territorial y a la libertad y a la independencia política.
En consecuencia, y en base a todo lo expuesto es pretensión de este peticionario obtener tras el procedimiento legalmente previsto una declaración política de todos los Estados Miembros de la Unión Europea, auspiciada por la Comisión Europea, que reconozca y ampare el derecho a la integridad territorial de todos y cada uno de sus miembros, condenando enérgicamente toda pulsión nacionalista que suponga la secesión de cualquier región perteneciente al territorio de la Unión Europea, respaldando las actuaciones legales que cada Estado miembro afectado lleve a cabo para impedirlo, siempre con escrupuloso respeto a su ordenamiento constitucional, a los Tratados de la UE y a los principios de la Carta de Naciones Unidas, relativos a la salvaguarda de la integridad territorial y la democracia.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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