La verdadera pesadilla para el secesionismo no es como saltarse la ley, es que los alcaldes de ERC o el PDeCAT no les sigan. En la provincia de Barcelona CiU obtuvo 108 alcaldías en las elecciones municipales de 2015, ERC 82 y la CUP 8. En Girona CiU alcanzo 114 alcaldías, ERC 62 y la CUP 8. En Lleida 128 alcaldías fueron a manos de CiU, 66 para ERC y 1 a la CUP. En Tarragona 87 para CiU, 49 para ERC y 2 para la CUP.
De un total de 949 municipios catalanes la CUP suma 19 alcaldías, ERC 259 y CiU obtuvo 437. Aunque hay que tener en cuenta que si el criterio es la cantidad de población gobernada por los secesionistas el porcentaje baja ostensiblemente dado que grandes ciudades como Tarragona, Lleida, L’Hospitalet de Llobregat, Mataró o Cornellà, por poner algunos ejemplos, están en manos del PSC.
La disgregación de CiU, dividida en PDeCAT, Demòcrates y los restos de Unió ha debilitado a las alcaldías de CiU. Actualmente la más importante en la de Girona, donde necesita el apoyo del PSC para gobernar.
A pesar de que la AMI (Associació de Municipis per la Independència) agrupa a la mayoría de municipios catalanes existe gran inquietud entre los dirigentes de Junts pel Sí y los consejeros del Gobierno catalán sobre cual será la actitud de los alcaldes cara al 1-0.
Si bien formalmente ningún alcalde independentista se ha atrevido a alzar la voz la preocupación en los ayuntamientos crece.
Los alcaldes se pueden ver forzados a realizar actos ilegales como dar órdenes a la policía local en los consistorios donde se dispone de la misma (231 localidades) o ceder locales municipales o facilitar información censal.
Muchos ayuntamientos funcionan por coalición electoral, con gobiernos que se verán enfrentados por su posición política el 1-0. El caso más obvio es el de Barcelona, donde la posición de Ada Colau puede forzar al PSC a abandonar dicho gobierno. Lo mismo puede suceder en Girona, pero en otras ciudades puede suceder la contrario. Alcaldias socialistas como Terrassa o Mataró dependen del apoyo del PDeCAT y una negativa de estos ayuntamientos a prestar apoyo logístico a la consulta ilegal podría provocar rupturas en los gobiernos municipales.
En estas circunstancias, donde se mezcla problemas legales, presión de los sindicatos, dudas en los funcionarios y problemas de estabilidad municipal cuando se afronta la recta final del mandato municipal (las elecciones serán el último domingo de mayo de 2019) los independentistas dudan de que todos sus alcaldes sigan sus instrucciones dado que muchos de ellos, en especial los de ERC, quieren poder volver a presentarse y aprovechar el ciclo político favorable para obtener mayorías más estables.
Por su parte, los alcaldes del PDeCAT están más preocupados por como reubicarse y bajo que siglas se pueden presentar para intentar retener sus cargos, dado que son conscientes que las suyas cotizan a la baja y pueden ser un lastre insalvable para volver a repetir en el puesto.
La preocupación de Puigdemont y Junqueras es como fuerzan a sus propios alcaldes a que sigan sus consignas. Y el interés de los alcaldes pasa en como lo hacen para no enfrentarse al secretario de su ayuntamiento, a sus sindicatos, a la policía municipal y a sus socios de gobierno.
La situación es un galimatías en el que es previsible que exista una presión muy fuerte sobre los alcaldes para que no deserten.
Y también se producirá un goteo de acciones para salvar su situación legal por parte de muchos alcaldes.
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